SUBPROCURADOR-B

* Una transa de 50 millones, según Milo Vela  * Cómo persiguió a Lorenzo Zambrano  * Integra quiere a Lozada en Gobernación  * Que Charleston ya tiene fábrica de pañales  * Yara Longoria, “aviadora” en la SEV  * Esteban Lara y el recibo de cobro  * Ni trágico ni accidente  * El líder de los calcetines de seda

Sobrado, sobradísimo de poder, Ricardo Javier Carrillo Almeida quiso en 2011 pasar a la historia de la justicia en Veracruz, reventar a poderosos magnates, mecenas políticos del PRI, peces gordos. Y agarró por su cuenta a uno verdaderamente pesado: Lorenzo Zambrano, dueño entonces de CEMEX.

Presumía Carrillo Almeida, hoy subprocurador en Coatzacoalcos, de ser del círculo duartista, inmune e impune. Vivía días del vértigo, la locura institucional, cuando el nuevo gobernador de Veracruz ofrecía llevar a prisión a todo delincuente, salvo a su familia —Cecil, los amigos de Cecil, los testaferros de Cecil, los que le producen 20 millones al mes—, ni a los amigos, socios, prestanombres de la fidelidad, la pandilla intocable de la que egresó Javier Duarte.

Carrillo Almeida era agente del Ministerio Público. Su feudo, el puerto de Veracruz. Emisario del duartismo, tenía la encomienda de aplicar la ley, “caiga quien caiga”, y quiso hacer caer al magnate del cemento.

Tuvo en sus manos una denuncia por fraude en agravio de Hoteles Fema, S.A. de C.V.. Acusaba el empresario Juan Felipe Ruiz Sosa, representado por el tormentoso abogado Jorge Reyes Peralta, fidelista, antiyunista, señalado en la revista Proceso como beneficiario del crimen organizado —“Córdoba, feudo Zeta”—. También Carrillo Almeida resulta imputado en la revelaciones de los narcos, citadas en esa publicación. Los “sobornables”, pues.

Ruiz Sosa denunciaba que en diciembre de 2010 le fue vendido un lote de cemento para colar una losa del hotel City Express, cuya mala calidad significaba un riesgo de muerte. Llevó el caso por la vía penal, pero también por la civil. Estimó el daño causado por CEMEX en 2 millones 700 mil pesos.

Carrillo Almeida integró la investigación ministerial en sólo tres meses. Inusual, su celeridad asombró a todos. Había que favorecer al empresario Ruiz Sosa y al empresario fidelista Reyes Peralta.

Pudo así solicitar al juez Uriel Domínguez Colío, hermano de la ex vocera de prensa y aún operadora de medios de Javier Duarte, María Gina Domínguez Colío, Madame Mordaza, las órdenes de aprehensión contra directivos de CEMEX. Todo en tiempo récord.

Según la causa penal 134/2011, las órdenes de aprehensión, otorgadas el 28 de abril de ese 2011, alcanzaban al recientemente fallecido Lorenzo Zambrano; al gerente de Tecnología, Enrique Juárez Vera; director de la planta Veracruz, Érik Hernández, y el gerente de la empresa a nivel estatal, Salvador Martínez Ortiz. Los dos últimos fueron encarcelados, según la reseña que hiciera del caso el periódico La Jornada.

A Zambrano no lo aprehendieron porque una cosa era pegarle a los empleados y otra al magnate del salinismo, poderoso, relacionado en altos círculos de la política mexicana, su empresa toda una transnacional, entre los hombres más ricos de México.

Carrillo Almeida instó al juez Domínguez Colío a dispensar las órdenes de aprehensión, pero el juzgador se dio gusto.

Zambrano fue balconeado, exhibido, sujeto a un venteo mediático. Carrillo Almeida y Domínguez Colío lograron que la Policía Ministerial actuara. Realizaron las dos aprehensiones, pero ésta no puso a los detenidos ante la autoridad de forma inmediata. Violaban sus derechos con el “caiga quien caiga”.

Del tema hizo una amplia exposición el periodista Miguel Ángel López Velasco, Milo Vela, quien sería asesinado mes y medio después, la madrugada del 20 de junio de 2011. Diría que el gobernador Javier Duarte se había embroncado con CEMEX, que el caso se salió de control, que le untaron la mano al aparato de justicia de Veracruz, que hasta el entonces procurador, Reynaldo Escobar Pérez, fue ignorado, y que hasta hubo un intento de extorsión.

“Lo sorprendente de todo esto —escribió Milo Vela— es que en tres meses Carrillo Almeida integró y perfeccionó la investigación ministerial, un tiempo récord que induce al sospechosismo si nos remitimos al hecho de que en las agencias del Ministerio Público, incluyendo la de Carrillo, existen investigaciones ministeriales que llevan más de tres años en proceso de integración”.

Sobre la violación a los derechos de los detenidos, el columnista de Notiver planteó:

“El sábado 30 de abril, a muy temprana hora fueron detenidos Erick Hernández Martínez y Salvador Martínez Ortiz, sin embargo el coordinador de la AVI (Joaquín Barragán León) los mantuvo detenidos ilegalmente durante varias horas en los separos… En el registro de la cárcel preventiva de Playa Linda hay constancia de que fueron internados poco después de las tres de la tarde… Joaquín Barragán León no informó de esto ni a Reynaldo Escobar, encargado de la Procuraduría, ni al director de la AVI, Remigio Ortiz Olivares”.

Milo Vela acusaba un contubernio entre el empresario Juan Felipe Ruiz Sosa y funcionarios del Ministerio Público, inflando la reparación del daño:

“Los representantes legales de Cemex, tratando de resolver de una manera económica, y buscando mantener la relación empresarial con Juan Felipe Ruíz Sosa, mostraron su disposición de reparar el daño, ofreciendo una paga de 3 millones 700 mil pesos… Aquí fue donde las cosas se complicaron aun más, pues el abogado de Juan Felipe Ruiz, dijo que no, y pidió 50 millones de pesos por ese mismo concepto, es decir 47 millones de pesos más de lo reclamado, aun cuando tenemos informes que algunos peritos de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia también le entraron al juego poniendo más ceros a la cifra reclamada como reparación del daño”.

Carrillo Almeida fue el encargado de realizar la investigación ministerial en tiempo récord. Solicitó las órdenes de aprehensión. Domínguez Colío las obsequió. Y todos, junto con el coordinador de la entonces Agencia Veracruzana de Investigaciones, Joaquín Barragán, se le fueron encima a los ejecutivos de CEMEX e incluso al mismo Lorenzo Zambrano.

Se decía ajeno Javier Duarte a semejante asalto, 50 millones por un daño de menos de 3. Sin embargo ahí permaneció Carrillo Almeida, protegido, solapado, encubierto y luego sería subprocurador en Córdoba, la tierra adoptiva del gobernador de Veracruz. O sea, premiado.

¿Era ajeno Javier Duarte a la consignación de Lorenzo Zambrano? ¿Fue un acto de deslealtad, una mordida de mano al magnate del cemento que aportó para su campaña cuando buscaba ser el sucesor de Fidel Herrera Beltrán?

Brilla aún la estrella de Ricardo Carrillo Almeida pese a tanta corruptela. De la Subprocuraduría en Córdoba pasó a la de Coatzacoalcos. Comienza ahí a maniobrar, a dejar juicios sin sustento, a inventar cargos para incriminar.

Carrillo Almeida así es. Es un fiel escudero del duartismo, la justicia torcida, los asesinos libres, como en el caso del gerente de la Volkswagen; los inocentes perseguidos, acosados, como en el caso del pastor evangélico Claudio Martínez.

Su historia, en Coatzacoalcos, adonde regresó después de 20 años, apenas comienza.

Ya verán.

Archivo muerto

Traman en Grupo Integra la proyección de Leonardo Lozada Parra hacia el círculo más cercano al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol. Lo ven en la Secretaría de Gobierno, en algo que no se le da a Leonardo: andar las colonias, abrazar a los de abajo, desactivar conflictos, ensuciarse los tenis. Lozada tiene perfil para otras empresas, pero su manager, Iván Hillman Chapoy, el segundo peor ex alcalde de Coatzacoalcos –Theurel lo rebasó con creces—, lo quiere ahí, cerca de Caballero, sabida su cercanía y amistad, al fin que este es el mejor momento para picotearle la cresta a Marcelo Montiel Montiel, el padrino, propenso a una embolia, esta vez en serio su gravedad… Versión extraoficial: el acaudalado secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz, Fernando Charleston Hernández, habría adquirido una fábrica de pañales, ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlán, conurbado a Orizaba. Nada tonto el Fer, le vende toda la producción al DIF estatal y a otras áreas del gobierno de Veracruz, con el visto bueno de su entrañable amigocha, Karime Macias de Duarte, la primera dama del estado y, desde luego, con el beneplácito del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Al fin que el negocio da pa’ todos, diría el filósofo Fidel Herrera Beltrán… Seis años después, sigue Yara Longoria sangrando la nómina de la Secretaría de Educación de Veracruz, sin dar golpe, sin haberlo dado en el tiempo que fungió como subdelegada en la zona sur. Religiosamente percibe 20 mil pesos mensuales, según consta en reciente recibo donde aparece su firma al calce. Cobra con cargo de “analista” y el concepto es “gratificación extraordinaria”, con el RFC:LOSY7409104HA y la CURP: LOSY740910MVZNNR02. Yara Longoria, ahora crítica de los gobiernos federal y estatal, dejó el 2 de noviembre de 2008 la Subdelegación de la SEV. Se convirtió en lideresa del PRI local, hasta julio de 2009 cuando Iván Hillman fue derrotado por el PAN con ayuda de Marcelo Montiel. Pasó a ser jefa de la Oficina de Hacienda del Estado y a partir de ahí se perdió en la burocracia de escritorio hasta el 29 de abril de 2013. Ahora es ejecutiva de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, en el departamento de contratos, un área que da para enriquecerse a manos llenas. En todo ese tiempo, siendo lideresa del PRI, en sus días al frente de Hacienda y ahora como petrolera, ha seguido cobrando en la SEV, tácitamente como “aviadora”. Y quizá por ello, el delegado Esteban Lara ya ordenó se le requiera y explique quién la patrocina, quién le da vuelo y quién la solapa. Que le hurgue el joven Esteban entre los familiares de la primera dama de Veracruz, Karime Macías de Duarte, y ahí hallará la respuesta… Ni trágico ni accidente. Rumor, sí. Y quizá mala intención. Circuló el lunes 9 la versión de que el autor de INFORME ROJO había fallecido en un percance automovilístico. Difundían la “nota” en estaciones de radio no sólo de Veracruz sino en diversos puntos de provincia, entre ellos, Guanajuato. La versión fue esparcida luego que en ocasión del Día de la Libertad de Expresión, en el homenaje a Gregorio Jiménez de la Cruz, el sábado 7, habíamos vuelto a tocar la turbia relación del gobierno de Veracruz y los medios de comunicación, así con “sus” periodistas a sueldo; el control de la información vía convenios de publicidad, que significan una forma inmoral de enriquecimiento de los industriales del periodismo; la falta de justicia a Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso; a Milo Vela, quien fuera columnista y reportero de Notiver; a Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur, Liberal y La Red, así como a siete periodistas más, todos en el sexenio de Javier Duarte; el cerco informativo tendido por los grupos de poder, muchos de ellos vinculados al crimen organizado. Dos días después, soltaron la versión del “trágico accidente”. Es dato infundado. Y si es amenaza, acusamos recibo para lo que se ofrezca… ¿Quién es ese líder sindical que desde que comenzó a usar sus calcetines de seda, con franjitas rosas y negras, se siente Katy la Oruga? Dice que si Loret de Mola y López Dóriga visten así, por qué él, que es un líder de abolengo, no podría sumarse a la nueva onda…

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