Por Aurelio Contreras Moreno

1 de agosto de 2014

Desde que inició funciones la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz, se advirtió del riesgo de que se convirtiera en una mera oficialía de partes de facto del Ejecutivo estatal, debido a la abrumadora mayoría de diputados afines al gobierno de Javier Duarte que la integran.

Lo que nunca nos imaginamos es que se llegara a convertir en una vergonzante procesadora de aberraciones jurídicas a capricho del Ejecutivo de Veracruz, que no ha dudado en torcer la ley para intentar tapar su ineptitud administrativa o para bloquear la defensa de los ciudadanos ante los abusos de poder que comete.

Un caso claro fue la reciente aprobación de las reformas a la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, que deja en la indefensión  a los trabajadores estatales al llegar a la edad de la jubilación, la cual aumentó en perjuicio de las generaciones más jóvenes, que tendrán más dificultades para integrarse al mercado laboral gracias a esta nueva norma, que a su vez no contempla sanción alguna para quienes desfalcaron las arcas del Instituto de Pensiones del Estado, cuya reserva técnica, según dicen varios enterados, ya no existe.

Pues la nueva “gracia” aprobada por los “insignes” diputados locales veracruzanos es la reforma a la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos, que en palabras llanas, les impide a los ciudadanos de este estado acudir a instancias jurisdiccionales diferentes a las locales para defenderse del gobierno cuando éste cometa actos legales que contravengan las garantías individuales de las personas.

En la exposición de motivos de este ordenamiento enviado al Congreso estatal por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y que dictaminó en dos días y sin moverle una sola coma la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes, se establece que “se pretende impedir la prosecución de juicios paralelos a los que dirimen controversias en materias expresamente reguladas por ordenamientos legales vigentes, en los que se emiten resoluciones en sentido contradictorio”.

“Se advierte la recurrencia en la promoción de juicios sujetos al ordenamiento que nos ocupa (la protección de derechos humanos) y coexistencia con éstos de procesos en los que el actor, la autoridad y el acto reclamado son los mismos, lo que ha generado resoluciones diferentes para un mismo acto, en detrimento de la seguridad jurídica y del prestigio de los órganos jurisdiccionales de la entidad”, pretenden justificar.

Así que como no quiere el Ejecutivo estatal que un tribunal federal, la Suprema Corte de Justicia o la Comisión Nacional de Derechos Humanos le eche abajo sus resoluciones o intervenga en los juicios que en la materia se diriman en el estado, sus fieles diputados aprobaron una reforma al artículo 30 de la ley mencionada, que dispone lo siguiente.

“El juicio (de derechos humanos) será improcedente y deberá decretarse su inmediato sobreseimiento contra actos de naturaleza fiscal, administrativa o de los emitidos en procedimientos en materia laboral y de seguridad social, así como contra actos de nombramiento o remoción de servidores públicos estatales y municipales; y contra actos que sean materia de cualquier otro juicio o procedimiento que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra la misma autoridad y por el mismo acto, aún en el caso de que las presuntas violaciones a la Constitución sean distintas”.

Y para que no quede duda del carácter autoritario de la nueva norma, en el mismo artículo se incluyó una amenaza: “será causa de responsabilidad, sancionable conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la admisión y trámite de demandas improcedentes en los términos de este precepto”.

O lo que es lo mismo. Cuidado si algún juez se atreve a recibir una acción de inconstitucionalidad o una demanda de juicio por violación de garantías y derechos humanos contra el Gobierno de Veracruz, porque le caerá encima todo el peso del aparato del estado, que mientras más pasa el tiempo menos puede disimular su talante fascistoide. No por nada la admiración manifiesta al dictador español Francisco Franco.

Los integrantes de la Comisión que dictaminó la iniciativa fueron la diputada de Nueva Alianza Jaqueline García Hernández, la priista Marcela Aguilera Landeta y el verde ecologista Jesús Vázquez González, quienes inscribieron su nombre con letras de oro en el cuadro de horror de la abyección legislativa.

Y lo que falta. La pretensión del grupo gobernante de reformar la Constitución del Estado para que la próxima gubernatura sea por un periodo de apenas dos años es real. Y quieren que sea, además, por designación directa, para favorecer a uno de su círculo y evitar las urnas, donde irremediablemente cualquiera de ellos sería derrotado.

De una vez que se facturen a su nombre a Veracruz, ¿no?

 

Asueto

 

El autor de esta columna tomará unos días de descanso la próxima semana, para regresar a su publicación –en donde aún encuentre espacio, a como van las cosas– el martes 12 de agosto. A los lectores y lectoras, muchas gracias.

 

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