Por Raymundo León

30 de agosto del 2014

 

Los trabajadores del estado no deberían demandar amparos contra la Ley del IPE. Lo que deberían hacer, a decir del abogado Luis Alberto Viades Blanco, es ejercitar su derecho a cambiar a sus representantes ante el Consejo de Administración del instituto pensionario. Son ellos, sostiene el abogado, quienes “permitieron el truene (robo) económico del instituto”.

De no ejercitar ese derecho, los trabajadores del estado, quienes cotizan en el Instituto de Pensiones de Estado, seguirán padeciendo el atropello de sus conquistas laborales. Así que, a decir del abogado, los trabajadores al servicio del estado de todos los sindicatos deben dejar de andar pensando en amparos y mejor actuar en donde sí pueden tener una respuesta inmediata, que es en la sustitución inmediata de sus representantes ante el IPE.

Desde la óptica de Luis Alberto Viades Blanco, hay muchos abogados que aprovechan el río revuelto y proponen amparos que de antemano saben que no van a proceder. Esos mismos abogados no se muestran dispuestos a representar tanto a los trabajadores jubilados y pensionados como a los activos en una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración del IPE “para que expliquen a los trabajadores y ante la justicia dónde quedó el dinero de las pensiones”.

En la denuncia tendrían que ser acusados de omisión, entre otros, Enrique Levet Gorozpe, Acela Servín Murrieta y Juana Consuelo Méndez, secretarios generales de la Fesapauv, del Setse y del  Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo. (Manuel Arellano, secretario general de la Sección 56 del SNTE ha mantenido su denuncia con respecto del adeudo que el gobierno del estado mantiene o mantenía con el Instituto de Pensiones del Estado). “Son los mismos que forman y han formado desde hace años parte del Consejo de Administración del IPE, que debió cuidar el patrimonio de los jubilados y pensionados y trabajadores en activo y que ahora guardan silencio y promueven amparos para desviar la atención con la finalidad de que no les finquen responsabilidad penal”.

Habrá pocos o tal vez ningún abogado que se sume a la propuesta de interponer una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración del IPE “por el saqueo al patrimonio de los trabajadores”. ¿Cuántos secretarios generales de sindicatos no representados en ese Consejo de Administración se sumarían a una denuncia de esta índole?

Termina Luis Alberto Viades con una sentencia: “Como la ignorancia es cabrona (los abogados) se atreven a decir que con un amparo colectivo van a derogar la ley”.

 

Siete mil amparos  

Este jueves, más de 150 trabajadores universitarios integrantes de la Fesapauv, Setsuv y Afecuv acudieron al Palacio de Justicia Federal para hacer entrega de sus demandas de amparo indirecto en respuesta a los agravios que les genera la aplicación de la recientemente aprobada Ley 287 de Pensiones del Estado.

Al mismo tiempo, denunciaron que sus dirigentes sindicales se han mantenido pasivos ante la problemática que enfrentan por la nueva ley así como por la nula información que les han proporcionado con respecto de  la falta de transparencia en su administración.

Los trabajadores universitarios “destacan el lamentable papel de los representantes sindicales que participan en el Consejo de Administración del IPE, pues defienden la Ley que se publicó el 21 de julio pasado, pese a que resulta falso que resuelva de fondo la situación financiera en la que se encuentra el IPE”.

A esos trabajadores se sumaron este viernes alrededor de 2 mil jubilados y pensionados de distintas organizaciones sindicales, quienes realizaron una marcha desde el Instituto de Pensiones del Estado hasta las oficinas del Poder Judicial en donde presentaron siete mil amparos en contra de la Ley del IPE.

A la manifestación acudieron maestros de municipios como Coatzacoalcos, Veracruz, Acayucan y de la región de Xalapa, como Coatepec, Naolinco entre otros quienes enfatizaron que cuentan con todos los argumentos legales para que esos siete mil amparos procedan.


SITEV apoya a sus afiliados 

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SITEV) es, quizás, el único sindicato que respalda abiertamente a sus afiliados que decidieron interponer un amparo ante la aprobación de la Ley 287 relativa al Instituto de Pensiones del Estado. Lo hace porque, asegura Alberto Yépez Alfonso, secretario general del SITEV, “perjudica los derechos laborales, como antigüedad, prestaciones y la edad para la jubilación”.

Además, por medio de su representante legal, el SITEV entregó al Juzgado del Poder Judicial Federal más de 2 mil 200 amparos de maestros y trabajadores de la educación; sin embargo, ningún agremiado se quedará desamparado pues el Comité Central Estatal firmó un amparo colectivo para defender a sus 3 mil 800 agremiados. “Nuestra función como sindicato es velar por los intereses de nuestros trabajadores, para que esta ley no los perjudique en absoluto, vamos a esperar el resolutivo de las instancias correspondientes y sobre esto veremos qué acciones tomar”, señaló Alberto Yépez Alfonso.

El dirigente magisterial sostuvo este viernes que el magisterio se siente traicionado por quienes integran el Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado, quienes tenían la obligación de leer dicha ley y reprobarla, pues perjudica al trabajador. Recordó que el Consejo de Administración del IPE, lo integran agremiados a sindicatos como el SNTE, SETSE, SUTSEM, SDTEV, “quienes tenían la obligación de darnos a conocer esta iniciativa de ley, que finalmente fue aprobada al vapor y ahora está por perjudicar a los trabajadores de la educación”.

 

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