Por Alfredo Bielma Villanueva

4 de agosto de 2014

El clima de inseguridad que se vive en muchas regiones de nuestro país ha repercutido sensiblemente en los ámbitos de la economía y de la política, obviamente su escenario es el contexto social al que por supuesto ha afectado en todos los órdenes de la actividad del hombre cuando vive en sociedad. Pero la incidencia de los efectos negativos ha sido particularmente acentuada en algunas entidades de la república mexicana, al grado de trastornar el funcionamiento de sus instituciones políticas y sociales.

No es difícil enumerar los casos de Michoacán y de Tamaulipas entre las entidades con presumibles “gobiernos fallidos”, por cuanto a que no han podido solucionar per se la problemática de inseguridad que les aqueja y la federación se ha visto obligada a intervenir, de manera directa en Michoacán enviando un Comisionado con poderes casi plenipotenciarios, y parcialmente en Tamaulipas en donde se sigue la estrategia de fraccionar el territorio estatal en zonas que comandan las fuerzas de seguridad con las autoridades civiles del Estado.

Pero hay otras entidades que viven esos síntomas aunque en menor grado, ya por la fuerza de sus instituciones ya porque la población yace inerte, y no ha sido necesario para la federación intervenir de manera directa, si bien los Delegados de Gobernación son quienes actúan como correas de transmisión de cuanto ocurre en cada entidad. Los tiempos actuales son diametralmente diferentes a los del presidencialismo imperial, aquellos tiempos en los que bastaba la inconformidad del presidente con un gobernador para echarle encima al senado de la república con la consigna de desaparecer los poderes. En el caso de Michoacán, por ejemplo, para desaparecer al gobierno electo no fue necesaria una drástica separación de Vallejo de la titularidad del gobierno, bastó con ventilar expedientes de su familia para motivarlo a solicitar licencia definitiva al cargo, dejando espacio para otro gobernador igualmente a modo pero sin cola que le pisen.

En Oaxaca, por caso, en donde la delincuencia organizada todavía es manejable y la inseguridad no causa el pavor de otros Estados, el gobierno del Estado está sometido y es rehén de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El problema representado por ese enclave de poder no nace con el actual gobierno, deviene de la inercia de gobiernos anteriores que fueron cómplices y propulsores de la fortaleza adquirida por la Coordinadora, los más recientes el de Ulises y el de su antecesor, José Murat, no escaparon a la agresión de los maestros organizados en la Coordinadora, que en ese Estado sureño se ha convertido en un poder tras del trono. Para llevarla en paz esos gobernadores, sobre todo Murat, alimentaron las peticiones de la Coordinadora con obsecuentes canonjías que la fortalecieron en mayor medida.

Son frescas las imágenes de una turba de facinerosos irrumpiendo violentamente en la residencia del PRI en Oaxaca, destruyeron muebles y dañaron el edificio, no ha habido ninguna reacción desde el gobierno del Estado a pesar de que están plenamente identificados como integrantes de la sección 22 del SNTE. Por esa tesitura ¿pudiera considerarse al  gobierno de Oaxaca como uno fallido?

El término “Estado Fallido” se utiliza con frecuencia, y en no pocas ocasiones de manera irresponsable por las fuertes motivaciones políticas que las induce. La gobernabilidad actual ya no camina por tersos senderos porque son otras las condiciones imperantes; ahora existen instituciones creadas por la alternancia y previo a ella (IFE, ya INE, ASF, Derechos Humanos, Conago, pluralidad cameral, etc.) que han venido fortaleciéndose apuntalando el régimen democrático. La pluralidad de expresiones ha servido para evitar grados de polarización extrema. En ese gran contexto la fragmentación de tendencias de la izquierda ha menguado sus posibilidades de convertirse en factor determinante de presión.

Por si acaso haya quien ignore el significado del concepto “Estado Fallido”, nada mejor para conocerlo que remitirse a lo publicado por el Diario Reforma el 20 de abril pasado narrando lo que acontecía en Michoacán antes de la reacción de los Grupos de autodefensa: “Los funcionarios del palacio de gobierno de Michoacán, alcaldes, regidores, legisladores, mandos de seguridad pública una vez convocados no podían desoír la “invitación” para presentarse en el rancho de “El Chayo”(…) Nadie tenía opción, o la persona iba o amanecía ejecutada(…) Ser llamado a ‘El Cerro’ significaba citarse con líderes de Los Caballeros Templarios para ser regañado, advertido o cooptado, no había más” (…) Llegaban también carniceros, tortilleros, fayuqueros, taxistas, restauranteros, fruteros, limoneros, vendedores de drogas y hasta las señoras que venden aguas de sabor”, a quienes “El Chayo” imponía cuotas y les fijaba el precio de venta a sus productos”.

Mientras ¿qué hacían las autoridades del Estado? Nada, solo firmar acuerdos, pronunciar discursos de que todo va bien, pero quienes mandaban estaban en otro lado, porque al interior de la sociedad ya le habían comido el mandado al gobierno del Estado. Esta es la expresión más cercana a la definición de un Gobierno Fallido. Es decir, las instituciones constitucionalmente reconocidas estaban fuera de toda vigencia, el régimen de terror impuesto por un poder de facto las había aniquilado, era el escenario de una sociedad inerte, víctima del fracaso del Estado. Con Calderón se intentó terminar esa realidad pero serias fallas de implementación terminaron en un fallido “michoacanazo”.

Como en política lo que se puede se vale, en México el concepto Estado Fallido se utiliza como ariete contra el adversario, como sucedió en el Estado de Morelos en mayo pasado, en donde los adversarios del gobernador Graco Ramírez aprovecharon el acaecimiento de hechos sangrientos para pedirle al presidente Peña Nieto que nombrara como en Michoacán un Comisionado Especial, petición denegada por el Ejecutivo porque la medida, de ser concedida, hubiera provocado una cascada de similares peticiones en otras entidades, provocando graves fisuras a la estructura del Estado de Derecho. No es difícil advertir que en la vorágine de solicitudes a la Federación para intervenir en “Estados Fallidos” la lumbre hubiera estado cerca de estos lares.

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