kAsalto gasolineras

Xalapa, Ver. 21 de Ago. (SPI/Kaleydoscopio).- Los abusos, en la mayoría de los casos por robo de combustible, llevaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a clausurar 2,265 bombas despachadoras de gasolina por todo México mediante el Programa Anual de Verificación y Vigilancia 2014.

Un informe de la Profeco señaló que el Estado de México y el Distrito Federal son líderes en este tipo de delito con 346 y 302 casos, respectivamente.

¿Cuál es el procedimiento de Profeco en sus inspecciones?:

El factor sorpresa para evaluar el desempeño de las despachadoras de combustible es vital para que los trabajadores de las gasolineras no tengan tiempo de modificar el sistema electrónico desde el que se controla la calibración de sus bombas.

Cada bomba despachadora debe contar con el holograma de verificación vigente. Después se realiza la verificación volumétrica, es decir, se comprueba si la bomba despacha litros exactos. Esta evaluación se hace con recipientes especiales graduados llamados “jarras”.

El “jarreo” es para verificar si la medición es exacta. Se hace tres veces en la velocidad más baja en que despacha la bomba, tres veces a la media y tres en la más alta.

Por ejemplo, con este modelo de verificación en una estación de 24 mangueras se requieren 216 pruebas, lo que significa que la verificación tardará unas cinco horas.

Según estudios científicos, la temperatura y otros factores afectan las bombas despachadoras, por lo que la normativa admite hasta 100 ml faltantes por cada 20 litros despachados.

Las bombas que rebasan este error son sujetas a inmovilización. Después de que los verificado realizan el jarreo, proceden a revisar el sistema electrónico para comprobar si el software, registros electrónicos y la arquitectura del dispensario cumplan con las especificaciones aprobadas para el modelo y prototipo.

Al término se levanta un acta de las irregularidades y hecho y omisiones encontradas en el establecimiento. Enseguida se inicia un proceso administrativo que resultará en una sanción económica para el proveedor.

Las multas que Profeco impone por alrededor de 24 causales de inmovilización o irregularidades como altos precios, alteraciones al diseño del dispensario o cantidad incorrecta de producto entregado, pueden ser superiores a los 2 millones de pesos, más multas por otras infracciones a la ley que puedan acumularse.