Tal es la noticia que día a día conocemos, pues cotidianamente los alcaldes se quejan que Sefiplan no les radica a tiempo lo que de Participaciones les corresponde. Sin embargo, Acayucan parece ser la excepción ya que el ayuntamiento en pleno estrena camionetas Toyota; alcalde, síndico y regidores le cobran al pueblo de ese municipio por sus valiosos servicios. Lo grave sería que el rumor público se confirmara: que la compra de esos vehículos se hizo con dinero prestado por Banobras. Si tal fuere cierto es delito porque constituye una desviación de recursos llevar un dinero que la banca de desarrollo presta a usos ajenos al bienestar de la comunidad. Ya veremos qué dicen el Orfis y la Comisión de Vigilancia del Congreso local. Pero no sería extraño que nada ocurriera pues la impunidad está a la orden del día, como se vio en mismo Acayucan cuando una alcaldesa informó de un camino con costo de seis millones de pesos pero la obra resultó ficticia, pero el dinero no.