Por Alfredo Bielma Villanueva

18 de agosto del 2014

 

Si por acaso, a alguien se le ocurriera investigar quién de los colaboradores del gobernador Duarte de Ochoa enfrenta el panorama más difícil en su responsabilidad, encontraría a su vez un escenario peliagudo porque el tema requiere de diversos enfoques y se corre el riesgo de incurrir en errores de perspectiva. Pero como están las cosas de complicadas para el gobierno, y luego entonces para la sociedad veracruzana, al final no resulta tan difícil explorar en lo obvio.

El Secretario de Gobierno es innegable que tiene que bailar al ritmo de los problemas sociales y políticos que tiene la entidad veracruzana, los rezagos sociales originan protestas y manifestaciones públicas con frecuencia cotidiana, a ellas se agregan las que se originan en los incumplimientos de promesas ofrecidas en caminos, carreteras, programas sociales que no se cumplen, etcétera. Es un polvorín ese cargo, en donde se atienden en lo que se puede problemas agrarios, la cooptación de dirigencias en los partidos políticos y hasta ganarle elecciones al pueblo.

A simple vista se pudiera afirmar que el Secretario de Seguridad Pública es quien tiene el compromiso más complejo, porque aunque la pobreza no es causa del delito, de cualquier manera se convierte en caldo de cultivo de patologías sociales, como el pandillerismo, la drogadicción, el alcoholismo, la pérdida de valores, la disgregación familiar, etcétera, y al paso que vamos no se ve cómo podrá revertir con éxito los elevados índices de inseguridad que prevalecen en la entidad veracruzana.

Pero tampoco la tiene fácil el Secretario de Finanzas, el quinto en el orden de los que se ha comido esa dependencia. La responsabilidad de conseguir dinero para avituallar la implementación de los programas de gobierno no ha resultado fácil. Los cuatro anteriores solo administraron las penurias y no se ve que el actual vaya a tener la oportunidad de conseguir bonanzas en los dos años que le quedan a la administración de Duarte de Ochoa. Por el contrario, vive el riesgo de sumar a la onerosa deuda pública unos miles de millones de pesos más, lo que sería un record indeseado para cualquier servidor público que se respete.

Al Secretario de Infraestructura y Obras Públicas le corresponde terminar algunas obras que las transas del contratismo han dejado inconclusas, a pesar de estar liquidadas o con avances financieros desfasados de la obra física. Olvidadas las alentadoras promesas del inicio de sexenio las expectativas se han reducido sustancialmente; de cualquier manera sería un triunfo que se cumplieran las últimas ofrecidas: las autopistas Córdoba-Xalapa en el tramo Cuitláhuac-Tamarindo  y la que lleva a Los Tuxtlas por el lado de Isla- Santiago Tuxtla, allí sí, de lo perdido lo que aparezca.

De desarrollo Social no se espera mucho, cuando paradójicamente debería ser todo lo contrario; pero reducir los índices de la pobreza no es empresa fácil cuando no se alcanzan a implementar los programas que acercarían alivios a la sociedad, allí se requiere de miles de millones de pesos y eso es precisamente de lo que se carece. Una razón que explica el poco ruido que se hace, porque además la realidad no oculta los rezagos, tan enormes que ninguna publicidad de las que se acostumbran pudiera cambiar la percepción.

Del Desarrollo Económico lo único que escuchamos es la creación de cientos, miles de empresas, grandes y pequeñas, tienen sin embargo la particularidad de ser invisibles y muchas de ellas se han quedado en la imaginaria de los anuncios del “se van a crear”. Al final, todo se reduce a Odebrecht y se acude al recurso de los programas federales de obra pública para abultar un expediente que no llena  ni resuelve expectativas.

Sobre el desarrollo agropecuario, pesca y ganadería solo sabemos que no hay dinero en el estado para implementar los programas de apoyo a los campesinos, pero que la federación envía recursos que simplemente no bajan. El delegado de la SAGARPA ha explicado que el dinero no se ha ejercido porque la SEDARPA no aporta lo que le corresponde y que en esa circunstancia hará lo posible por buscar la manera de aplicar el recurso de manera directa, siempre que la burocracia hacendaria se lo permita. Pero nuestro campo, poco tecnificado, se rige por los ciclos de la naturaleza y cuando el dinero no llega a tiempo el desfase es notorio y no se produce. En la tramitología se pierden los recursos, dice el diputado Tomás Landeros, quien ha decidido financiar a los cafeticultores de la Sierra de Zongolica con un millón 500 mil pesos para superar el problema de la roya, esperar que bajen los recursos sería riesgoso, dice el diputado, “porque cuando lleguen ya se cayeron las matas de café”.

En la Contraloría se acumulan las fallas administrativas y las de mayor envergadura difícilmente trascenderán a la luz pública. Esa dependencia, de un valor estratégico extraordinario en el combate a la corrupción, difícilmente podrá desembarazarse de las limitaciones que la inhiben a un desempeño más eficiente y transparente, mientras tanto no se corrija la normatividad que establece el nombramiento de su titular, porque no puede ser lo suficientemente autónomo quien tiene que controlar y evaluar a quien le debe el nombramiento.

En la Secretaria de Salud el panorama se complica aún más, porque a las difíciles circunstancias financieras, se agrega la presión de servirle al sector más menesteroso de la población precisamente en lo que interesa y duele cuando se pierde: la salud. Allí se hace frente a enemigos de verdad, implacables e insensibles, mortales si no se repelen a tiempo: el cáncer en todas sus versiones, el Sida, la diabetes, el dengue, la obesidad, etcétera. La enorme infraestructura que conforma al sector salud del gobierno estatal, 52 hospitales, obliga a contar con equipos de tecnología de punta para atender como merecen los más pobres de Veracruz, que conforman, por lo menos, la mitad de una población de ocho millones de personas.

En la Secretaría de Turismo el drama es doble porque, aparte del reto de promover y fomentar la industria sin chimeneas en Veracruz, su piloto no carbura, razones independientes a su buena marcha explicarían la permanencia al frente de un sector de importancia primordial para la economía estatal de quien ni idea tiene de la responsabilidad que le cayó en suerte.

Por razones de algún Karma existencial la actual Dirección del IPE debe enfrentar la acumulación de errores administrativos de antaño, y las omisiones de que ha sido objeto a lo largo de su existencia por no querer o no poder enfrentar una realidad que al final ha aflorado. Ese Instituto, creado como tal el 15 de mayo de 1967 por el gobernador Fernando López Arias, por la Ley número 5 de Pensiones del Estado publicada en la Gaceta Oficial número 58, hoy por hoy transita por días muy difíciles, el mal se traduce a decenas de miles de jubilados y a trabajadores en activo, la incertidumbre permea en todos los sectores.

Desde hace décadas, los estudios actuariales recomendaban que el Instituto debía constreñirse a fortalecer sus finanzas y a administrar las pensiones, ya no más préstamos, ya no más viviendas, los integrantes del Consejo Directivo lo saben. Sin embargo, prevalecieron los criterios políticos sobre los técnicos financieros y hoy se sufren las consecuencias, que de cualquier manera se hubieran presentado en el sistema de pensiones que ahora se ha reformado para darle un eventual respiro. No se queda allí la problemática, el actual Director tendrá que pedirle a Nemi Dib la asistencia médica que le permita subsistir a la enorme presión que ahora tiene y que la reforma a la Ley ha generado pues amenaza el devenir de una formidable profusión de amparos.

En el llano, cuando se presenta una situación de esta naturaleza, la sabiduría popular la expresa así: ¿Querías marido?

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