Por Julio César García Landero

8 de agosto del 2014

Más poder al ciudadano, menos a los grillos de siempre.

El camino que ha tenido que transitar la democracia mexicana, ha sido un camino bastante accidentado; la liberalización de la política comenzó desde aquella ocasión, en que en el punto más crítico de la dictadura perfecta postuló un solo candidato a la presidencia de la república, ese fue el momento de la negación de cualquier idea democrática en nuestro país y a la vez el punto de inflexión para el inicio de la raquítica democracia mexicana.

José López Portillo, llegó a afirmar que su simple voto bastaba para hacerlo Presidente ¿Cuántos votos tendría López Portillo en aquella elección? No lo sabremos jamás, para ese momento, la democracia era una ficción y las elecciones un simple trámite. Así mientras el candidato único se hacía presidente, rondaba como una sombra el fantasma de la revolución; movimientos armados crecían en la clandestinidad y el germen del movimiento estudiantil seguía latente en el territorio nacional.

La política entonces había dejado de ser una arena para dirimir las diferencias; la democracia era solo un camino, una vía  para que la élite revolucionaria y sus familias conservaran el estatus y la riqueza que adquirieron a partir del movimiento armado.  El problema no era menor, o la élite revolucionaria seguía ese camino de simulación, dejando de lado a los ciudadanos o se comenzaba a liberalizar la política y se abrían las válvulas de presión, dándole vida al sistema y haciéndolo funcionar nuevamente.

Fue de esa manera como inició el camino de las reformas electorales, primero diputados de partido, luego los pluris, luego la credencial de elector con fotografía, padrones electorales “confiables” etc. Hasta llegar al instituto federal electoral ahora mejor conocido como INE.

A partir del año 2000 hubo alternancia política en el país en la presidencia de la república, parecía  que los sueños de millones de ciudadanos se veían cristalizados; por la vía del voto, se tenía la creencia que este país dejaría atrás todos sus males, para integrase a un concierto internacional como un país moderno, de primer mundo.

¿Qué fue lo que falló?  ¿Por qué a pesar de la voluntad que puso el pueblo mexicano en las urnas, el cambio no se vio de manera radical o si lo hubo, fue apenas perceptible? No quiero pensar como decía Robert Michels que existe una “ley de hierro de la oligarquía en el poder”, que en el momento que existe una organización humana (partido político en el gobierno), a la par surge una camarilla política que no está dispuesta a dejar su lugar de privilegio. No quisiera creer que es así, pero las evidencias demuestran lo contrario.   

Es evidente que existe una enorme distancia entre lo que señala la constitución mexicana que debe un partido político, frente a lo que en realidad es. La carta magna nos dice que son instituciones de interés público, lamentablemente, de público no tienen mucho. En el sistema político mexicano del antiguo régimen y aun en el moderno, la capilaridad partidista es casi nula; quienes pueden avanzar y de hecho lo hacen, son los hijos, los nietos y los sobrinos de quienes en algún momento detentaron el poder.

El reclutamiento de cuadros, no se hace con criterios académicos o de conocimiento, ni si quiera se mide la eficacia o eficiencia que pudiera tener un político profesional en la arena política. Las simples afinidades, compadrazgos, relaciones familiares, son las que mandan en la pirámide de ascenso político en nuestro país. Esto no estaría mal, si fuera la organización de una empresa privada, en donde los lazos familiares refuerzan el compromiso de la propia empresa y del capital  que se invierte. El problema radica en que el gobierno, corresponde a los ciudadanos ( según de eso trata la democracia) y el dinero con que se gobierna, emana también de los propios ciudadanos; luego entonces, no se explica por qué “la cosa común” la política, en lugar de estar en manos de todos, está en manos de unos cuantos.

Hoy en día estamos frente a una ley electoral, que permite las candidaturas ciudadanas, era obvio que las trabas para que un ciudadano de a pie y limpio de ideologías pudiera gobernar serían muchas. La ley electoral efectivamente contempla una enorme serie de requisitos para que un ciudadano común y corriente y sin partido, aspire a la noble labor de servir a los demás. Sin embargo es un buen inicio; confío que desde distintos lugares, tales como asociaciones civiles en pro de la democracia, fundaciones de ayuda a grupos vulnerables, sociedades de padres de familia etc. Surjan como de un buen semillero ciudadanos que se atrevan a gobernar y a legislar, con el único y noble fin de hacer realidad la democracia.