No es para desechar el que Amnistía Internacional y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU considere que México enfrenta una crisis en desaparición de personas y da la impresión que el gobierno no está haciendo su parte para evitarlo. Amnistía señala la incongruencia entre el incremento del fenómeno y las declaraciones desde el gobierno, que insisten que el fenómeno va a la baja. Peor aún el propio gobierno contradice sus cifras: “el 22 de mayo hablaban de 8 mil personas desaparecidas. Sin embargo, el 16 de junio las autoridades explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas, cuando el 21 de agosto de 2014, la Subprocuraduría Jurídica y de asuntos internacionales de la PGR, anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22 mil 322. En este contexto, Amnistía Internacional indicó que “una vez más, el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo se obtuvo, ni transparencia alguna”. Entonces, ¿en quién confiar? Este síndrome lo plantea muy bien en Xalapa la catedrática universitaria, Esther Hernández Palacios, cuando asegura que “aumentan los secuestros y disminuye la difusión”.