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Por Édgar Ávila.

Xalapa, Ver. 04 de Ago. (SPI/Kaleydoscopio).-  El indígena garífuna Ángel Amílcar Colón Quevedo salió de Honduras en 2009 para ganar dinero y ayudar a curar de cáncer a su hijo pequeño, pero durante su tránsito por las tierras mexicanas fue aprehendido y torturado en Tijuana junto con diez personas que lo secuestraron, y fue acusado de crimen organizado.

A cinco años de su aprehensión, este centroamericano de piel negra y defensor de derechos humanos permanece tras las rejas en el Cefereso de Nayarit. Su hijo murió a los cinco meses de que Colón dejó su país.

Este caso es el reflejo la “crisis humanitaria” que padecen miles de migrantes, quienes son las “víctimas invisibles”, denunció el Centro Prodh, por lo que Amnistía Internacional lo designó “preso de conciencia”.

La abogada del Centro Pro, Denisse Gutiérrez, quien actualmente lleva el caso de Amílcar, indicó que el migrante busca las mejores oportunidades para su familia y en México sólo “recibe abuso por parte del crimen organizado y las policías estatales, municipales, federales, militares y agentes ministeriales” y los calificó como los “sin derecho” en el país.

De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos, de octubre de 2012 a septiembre de 2013 se le elevó el número de expulsión de centroamericanos.

De ellos, 47,000 eran guatemaltecos, 37,049 hondureños y 21,602 salvadoreños; en total, suman 106,420 centroamericanos los expulsados del país vecino del norte por no tener documentos.

De mayo a octubre de 2013 se registraron unos 1,200 casos de centroamericanos detenidos en prisiones mexicanas acusados de homicidio, robo, delincuencia organizada, tráfico de personas indocumentadas, principalmente; casualmente son los mismos delitos que han detectado casas de migrantes, menciona el presidente del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez.

Estos datos son el resultado de una investigación de migrantes en situación carcelaria que realiza la Universidad Iberoamericana y el Centro Prodh, que además documentan las violaciones que sufren durante su proceso de tránsito, y lo darán a conocer en las próximas semanas.

Patrón Sánchez dice que la política migratoria de México obedece los intereses de Estados Unidos, “esto significa que su eje central no contiene una perspectiva de derechos y política pública humanitaria, sino de control y de seguridad. Los últimos programas están relacionadas con autoridades para sellar la frontera sur de México, pero no para garantizar condiciones para el tránsito o generar fórmulas legales para dar certeza a los migrantes centroamericanos, como una visa temporal o de tránsito”.

Por lo que consideró que mientras persista este tipo de políticas de control y seguridad las consecuencias serán la criminalización de los migrantes centroamericanos en nuestro país, y puso como ejemplo el caso del garífono Ángel Amílcar, quien es parte de las “víctimas invisibles”.

Foto: CNN