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Xalapa, Ver. 18 de Ago. (SPI/Kaleydoscopio).- México penaliza los delitos contra la salud frente a otros de manera desproporcionada, pues la violación de menores resulta menos grave que la producción de estupefacientes, mientras que el homicidio intencional tiene penas menores que la producción de drogas, cuenta Catalina Pérez Correa, profesora e Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista con Kaleydoscopio, dijo que datos del CIDE indican que dos de cada tres internos son gente de hogares pobres, 40% tiene entre 18 y 30 años y 21% nunca fue a la escuela o no concluyó la primaria.

En 1998, el total de la población carcelaria en México era de 128,902 internos, para 2009 se incrementó a 227,021 personas; en 11 años aumentó más de 76%.

Datos de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR indican que de 219,754 convictos, 34% estaba relacionado con delitos contra la salud, es decir 75,561. De ellos, 31,112 eran directamente de casos de consumidores de drogas.

Para Pérez Correa es necesario revisar cómo está penalizado y valorado en nuestro sistema de justicia el tema de las drogas. No es posible que para nosotros sea más grave producir una planta de mariguana que matar a una persona.

La posesión con fines de comercio se castiga en México con penas de 5 a 15 años de prisión; el comercio, transporte, producción, tráfico, introducción o extracción del país de 0 a 25 años y la siembra de 1 a 6 años en la cárcel si obedece a extrema necesidad, pero si no es así la condena es de 2 a 8 años.

De acuerdo con la Ley General de Salud 2010, las dosis máximas de consumo personal son 2 gramos de opio, 50 miligramos de heroína, 5 gramos de mariguana, 500 miligramos de cocaína, 0.015 mg. de LSD y 40 mg. de MDMA, MDA y metanfetamina.

El Código Penal Federal castiga el narcomenudeo con 3 a 6 años de prisión y el tráfico de 4 a 8 años. El narcomayoreo se castiga con 4 a 7 años y seis meses y el tráfico de 10 a 25 años.

Otro punto importante, indicó la experta, es que los consumidores no pueden ser castigados penalmente.

“Si alguien comete un delito tiene que ser tratado por las instituciones penales, pero no ser castigado por ser consumidor.”

En cuanto a la diferenciación del consumo por género, Pérez Correa comentó que el papel de la mujer se ha incrementado en este campo, pues 80% de las mujeres que están en una cárcel es por delitos contra la salud y muchas son utilizadas por sus parejas que pertenecen al crimen organizado.