Una pregunta al legislador Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local sería la siguiente: si un alcalde desvía a su favor recursos públicos y por las razones que se quieran el Congreso aprueba la cuenta pública que corresponde al ejercicio en que se cometió el desvío ¿el alcalde queda exonerado de toda culpa legalmente comprobada? La interrogante viene a cuento porque en declaraciones a la prensa, relativas al señalamiento de peculado que ediles del ayuntamiento minatitleco hacen contra la ex alcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras, ha declarado que la Cuenta Pública de 2010 del ayuntamiento que ella encabezaba: “ya está calificada, auditada, dictaminada y cerrada”. O sea, ¿caso cerrado? Porque argumentar que el alcalde sucesor no le dio seguimiento es desconocer el tema pues fue él precisamente quien expuso el asunto en la agenda de la discusión pública e incluso la notificó al Orfis.