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Xalapa, Ver. 28 de Ago. (SPI/Kaleydoscopio).-En el último año han sido denunciados 25 casos de mujeres que han tenido que parir en condiciones inseguras e insalubres, tras ser rechazadas por los servicios de salud en nueve estados de México, denuncia el diputado Abel Salgado Peña.
De acuerdo con el Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), desde mediados de 2013 hasta agosto de 2014 se han denunciado estos casos que demuestran fallas en el sistema de salud en cuanto a la atención médica de mujeres embarazadas durante el parto.
El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) registró durante 2012 la muerte de 960 mujeres por causas vinculadas al embarazo; de ellas, cerca de 20 mujeres fallecieron en la vía pública y casi 265 no recibieron atención de un médico durante el parto (OMM, 2013).
“A estos datos deben sumarse los casos de mujeres oaxaqueñas que entre 2013 y lo que va de 2014 han parido en las inmediaciones de centros de salud, así como otros 16 casos similares que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha documentado en los estados de Chiapas y Tabasco”, apunta Salgado Peña.
En respuesta a un dictamen con punto de acuerdo de los diputados, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social reprobaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los hospitales en contra de las mujeres en estado de gravidez o en el momento de encontrarse en labor de parto.
En su punto de acuerdo, los diputados habían coincidido en señalar a ambas instituciones de gobierno que los abusos que sufren las mujeres embarazadas durante la atención institucional del parto, en violación a sus derechos fundamentales y reproductivos, “van desde regaños, burlas, insultos y humillaciones, hasta alusiones a su vida sexual”.
De 2000 a 2012, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico atendió 1,877 quejas en áreas de ginecoobstetricia, especialidad con mayor número de demandas. En ese periodo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió dos recomendaciones generales, y cientos de específicas, relativas a la violación de garantías fundamentales en los servicios públicos de salud.