Por Danner González

25 de agosto del 2014

 

Al arrancar el ciclo escolar 2014-2015 en la escuela Isidro Fabela Alfaro, en San Mateo Otzacatipan, Toluca, el Presidente de la República anunció que se mejorarán las condiciones de 20 mil escuelas, con una inversión de 7 mil 500 millones de pesos. Eso suena bien. Lo que no suena bien es que la mayoría de esos centros escolares se encuentran justo en la entidad que gobernó el ahora Presidente, es decir, el Estado de México. El plantel al que acudió el Presidente, dice Reforma (24 de agosto de 2014) recibió retoques de última hora, material y mobiliario nuevo para alumnos uniformados y equipados con tabletas.

 

Mientras eso sucedía en Toluca, una ciudad con pobreza moderada y extrema del 41.8%, en escuelas de Guerrero que perdieron todo durante la contingencia del año pasado, ocasionado por los fenómenos naturales Manuel e Ingrid, siguen esperando que llegue la “ayuda presidencial” para su reconstrucción. Algunas de esas escuelas, a las que bien les va, toman clases bajo toldos improvisados. Otras bajo los árboles, como en la película “El profe” de Mario Moreno “Cantinflas”. ¿Cuándo bajarán los 30 mil millones que la federación anunció para Guerrero? ¿Una vez que comience el proceso electoral del año que viene?

 

            El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, es el mejor ejemplo de que la asignación de los recursos públicos no responde a criterios de eficacia, eficiencia, racionalidad y necesidad de las entidades federativas. Una muestra: en la repartición de los “Fondos Metropolitanos” a la ciudad de Toluca se le asignan 404 millones 799 mil 293 pesos, pero a la ciudad de Puebla, con una densidad poblacional mayor, con más demandas y gobernadas por el PAN, le asigna 349 millones 283 mil 962 pesos. Otro caso muy ilustrativo es el que se refiere al rubro de “Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales” donde al municipio mexiquense de Huixquilucan, con una población de 242 mil 167 habitantes, gobernado por el PRI y dominado por los primos políticos de Peña Nieto (los Del Mazo), se le asigna la friolera de 111 millones de pesos, mientras que al municipio de Netzahualcóyotl, con 1 millón 110 mil 565 habitantes y con más necesidades, pero, ¡oh pecado capital!, gobernado por la oposición, se le asignan sólo 60 millones de pesos en dicho rubro. Los ejemplos podrían seguir en esa línea.

 

            Si a usted, estimado lector, le quedan aún dudas de cómo se ejercen los recursos públicos por parte del gobierno federal para favorecer a su partido, vea la lógica a la que atiende la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Este programa atiende a 80 municipios de 18 Estados, y busca combatir la pobreza extrema. De nuevo suena bien. Lo que no suena nada bien es que la ayuda se dirige principalmente a estados gobernados por la oposición, como Oaxaca y Guerrero, ambos con 15 municipios cada uno en dicho programa. Mientras tanto, estados gobernados por el PRI como Veracruz o Jalisco, también en situación de pobreza, sólo reciben la ayuda en 9 municipios tratándose de Veracruz y 1 en Jalisco. Es decir: los programas asistenciales van, operados por medio de delegados federales priístas, a los estados de oposición, para poder allegarse de votos, mientras que a los gobernadores y alcaldes priístas se les da manga ancha para ejercer los recursos etiquetados en fondos federales.

 

En esa lógica electorera, el presupuesto asignado a un gobierno es directamente proporcional a la filiación política del alcalde o el gobernador. ¿Por qué en la Secretaría de Hacienda no está un economista ortodoxo sino el mejor operador político del Presidente? ¿Será que en lugar de administrar los recursos económicos, en Hacienda se administran activos políticos? El Presidente de la República y su partido saben que 2015 será mucho más que una simple elección intermedia. La mayor consulta que allí se hará será de facto. ¿Es el gobierno de Peña Nieto la salvación que sus electores esperaban, o se trata, a la manera de Manolo Lapuente, de un fracasototote?

 

Este país no podrá salir adelante mientras las políticas públicas de asignación del dinero de los mexicanos se ejerzan mediante una visión cortoplacista, asistencialista, en programas que combaten casi todo, menos la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la marginación social, la exclusión educativa para niños y jóvenes. Si a ello sumamos el nulo desarrollo económico y las graves consecuencias sociales, políticas y económicas que traerán las pomposamente llamadas “reformas electorales”, junto con la voracidad de muchos funcionarios públicos y la corrupción que históricamente nos subyuga, el resultado será un sexenio más de atraso y miseria. Más importante que eso: Con cada sexenio perdido, se agranda la brecha entre nuestro país y los países desarrollados del mundo. ¿Cuánto tiempo más seguiremos esperando?

Contacto: @dannerglez