Cuando un servidor público no cumple con lo que la Ley le ordena, salvo en casos excepcionales que expliquen y justifiquen el no apegarse a la norma, ese servidor debe ser apartado de sus funciones, inhabilitado o suspendido. Ciento diez funcionarios del actual gobierno no cumplieron con la obligación de entregar sus respectivas declaraciones patrimoniales, es obligación oírlos, garantía de audiencia, sobre los motivos de la omisión, ¿cuáles pudieran ser estas? Ignorancia, no cabe, y si es por desidia u ocultamiento entonces el cese debe ser fulminante.