Por Juan Vergel Pacheco
19 de diciembre de 2014

Además de valorar las implicaciones jurídicas, el impacto financiero y la ingobernabilidad que trae consigo la iniciativa gubernamental para que los veracruzanos elijamos en 2016 a un gobernador que estaría en el cargo un periodo de dos años, es necesario poner en la mesa de la evaluación los magros resultados que viene entregando el grupo que tomó el control político de la entidad desde el sexenio pasado y que es  precisamente de donde surge esta especie de intentona de prórroga de mandato.

Nada de fortuito tienen las expresiones públicas de inconformidad ante esta iniciativa que han planteado diversos actores sociales, políticos opositores y un amplio sector del priismo veracruzano; la negativa tiene que ver con el rechazo a otorgar como premio otra oportunidad en las urnas a un candidato surgido del grupo gobernante que ha ejercido el poder para beneficio de una minoría y que tiene navegando a la entidad entre las aguas del endeudamiento público, la inseguridad y el empobrecimiento social.

Diez años han sido suficientes para mostrar que el proyecto transexenal que domina Veracruz no se ha ganado la oportunidad de quedarse más tiempo en la punta de las decisiones gubernamentales. Sin embargo evitar la continuidad de este proyecto no es un asunto de mera invocación o deslinde mediático.

A pesar de gobernar con bajos niveles de aprobación social, no se puede obviar que este grupo compacto ha acumulado fortalezas y oportunidades: de entrada tiene a su favor la actuación de tribunales y órganos electorales, cuenta además con una base electoral cimentada en el uso clientelar de programas sociales, principalmente los destinados a combatir la pobreza a lo que consideran “oro molido”; la fragmentación de la oposición política ha resultado una gran oportunidad para los fines de este grupo, que también dispone de los recursos financieros que proveen las arcas públicas del estado y al menos siete de las diez administraciones municipales que manejan mayores recursos en la entidad.

Otras circunstancias a ponderar en la ruta del cambio político en Veracruz es el hecho de que 2015 se estará configurando un nuevo mapa de la influencia política determinado por los resultados de las elecciones federales, y aun cuando la elección presidencial es posterior a la elección de gobernador, los actores políticos locales en contienda habrán ya de moverse con apoyo de grupos nacionales que se pertrechan rumbo al 2018, donde de acuerdo a la propuesta del ejecutivo estatal, coincidirían la elección de presidente de la república y de gobernador del estado.

En lo que llega 2016 y 2018 en el país se multiplican las acciones de protesta social, por la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, crecen los escándalos por el tráfico de influencias que envuelven el entorno presidencial y se ha abierto una delicada situación de la economía a raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo y de la paridad de la moneda nacional frente al dólar, situación que se agrava por el predominio del crimen organizado en amplias zonas del país. Esta cauda de padecimientos sociales que se localizan por todo el país y por supuesto en la entidad, obligan a que los protagonistas de los próximos procesos electorales interpreten adecuadamente los mensajes de inconformidad que permean en la sociedad mexicana y que reclama medidas que frenen la descomposición social.

Ante la disyuntiva de cambio político o continuidad en el estado, es necesario que la sociedad logre ubicar en la alternancia política el camino para reconstruir las oportunidades de crecimiento económico y de desarrollo con justicia social, desde la democracia también es posible generar soluciones al estancamiento económico y a la inseguridad. Por lo que se refiere al grupo dominante es un hecho que debe ser derrotado en las urnas, no será un desplazamiento automático ni voluntario, lo que sí es indispensable es que para alcanzar este propósito se requiere la construcción de una nueva hegemonía política apoyada en un programa de gobierno alternativo, progresista e incluyente. Veracruz merece un esfuerzo serio y comprometido con la alternancia.