Por Silvia Núñez Hernández
17 de diciembre del 2014

La debacle financiera en el estado de Veracruz es palpable. No se tiene que ser un erudito para sostener con bases sólidas que el estado de Veracruz no contó con proyectos de obras serios y realmente responsables. Se sabe que la federación ha enviado los recursos necesarios para que se lleven a cabo; el problema, es que quienes mal gobiernan la entidad simplemente no les ha dado la gana de destinarlos y han hecho uso de los recursos del erario para desviarlos a sus cuentas personales y para derrocharlo a diestra y siniestra con todo el cinismo que les caracteriza.

Los ayuntamientos han tenido que padecer dicha actitud tan nefasta de parte del gobernante en turno, quien sin ningún empacho, ha jineteado el dinero de los municipios, originando con ello, que estos no puedan canalizar los recursos para la proyección de su plan de obras programadas para 2014. Muchos presidentes municipales han callado derivado del color de su partido. Obviamente no podemos considerar que alcaldes como Ramón Poo Gil o Américo Zúñiga Martínez de extracción priísta, denuncien y sobre todo culpen a Javier Duarte de Ochoa sobre la tramposa actitud de este, para destinar los recursos federales etiquetados para cubrir el Ramo 23. Pese a que sus informes de gobierno, haya sido un documento en blanco para sus gobernados. 

El caos financiero se deriva de la incapacidad de Javier Duarte de Ochoa. El sujeto nunca entendió nada de hacer política porque no lo es; tampoco supo administrarlo y ejecutó la estrategia tal vez de su madre para llevar las finanzas del estado. Tapaba y destapaba hoyos para poder cumplir la avaricia personal y también el hambre de sus colaboradores. Por ello vemos a un Arturo Bermúdez Zurita, a un Erick Lagos Hernández, a un Marlón Ramírez Marín –por citar algunos porque todos los de su gabinete cumplen tal característica– sujetos que los veracruzanos conocen no precisamente por pertenecer a los importantes círculos de la sociedad. Individuos que vienen de las esferas sociales más marginadas y que teniendo la oportunidad de amasar el poder, no repararon en robar a manos llenas el dinero de los veracruzanos para sentirse “señores feudales”.

 

La posible demanda de parte de Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde del municipio de Boca del Río de extracción panista en contra de Javier Duarte de Ochoa por no haber entregado los recursos del Ramo 23, etiquetado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esperemos que no sea sólo una amenaza para presionarlo políticamente y que dicho acto no sea llevado a tribunales. 

El gobierno de Enrique Peña Nieto está consciente del caos de Veracruz. El estado navega dando tumbos y las necesidades prioritarias desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán y el actual gobierno a cargo de Javier Duarte de Ochoa, jamás han sido cubiertas. Ambos gobernantes se dedicaron a destruir al estado. Herrera Beltrán supo llevar una estrategia política del hambre; supo “joderse” a todos los sectores y los priístas lo dejaron robar a manos llenas. Duarte de Ochoa, sólo dio continuidad de su padre putativo, con una estrategia política mediocre. 

Todo esto, amable lector, toda esa polución política de parte de ambas administraciones, son la causa que en este momento, Javier Duarte de Ochoa haya ordenado el cabildeo entre los partidos satélites y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que se rasguen las vestiduras en defensa de su propuesta legislativa de una gubernatura de dos años. Al ejecutivo estatal le importa un bledo la economía de los veracruzanos. Él está preocupado que derivado de su mal desempeño, sus nefastos candidatos no podrán aspirar a ser candidatos para las próximas campañas electorales. La orden del gobierno federal a este patético gobierno es de: “No decidirás ni postularás a ningún candidato”, los nombres de los próximos candidatos serán decididos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Todo esto tiene emberrinchado a Javier Duarte de Ochoa. Pero su cólera debería de transformarse en miedo pues en dos años de un gobierno panista, puede conocer en carne propia los padecimientos que actualmente ha sufrido la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales, quien yace en la cárcel por su capricho.

 

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