Por Raymundo León

10 de diciembre de 2014

 

El “diálogo” entre el Congreso del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo sube de tono. Uno y otro se lanzan acusaciones mientras las horas pasan y el estallamiento de la huelga amenaza la paralización de las actividades legislativas para las cero horas del viernes 12.

La mañana de este martes, el secretario general del sindicato, José de Jesús Rodríguez Hernández, afirmó que no falsificó firmas para inflar la plantilla laboral mientras que el director Jurídico del Poder Legislativo, Vito Lozano Vázquez, afirmó que sí y que además, el dirigente sindical falseó información. Bajo esa perspectiva, aseguró el funcionario del Congreso del Estado, los representantes del Poder Legislativo no se sentarán a dialogar con el sindicato “porque no son representantes legales, ya que han falsificado firmas y falseado información, lo que se constituye en un fraude administrativo que podría llevar, incluso, a la baja inmediata y detención de los dirigentes sindicales”.

El pliego petitorio presentado por el sindicato al Congreso del Estado es digno de competir con una carta a los Reyes Magos ya que espantaría a cualquier patrón, incluso si éste estuviera dispuesto a ceder en todas las peticiones. Está integrado por 44 propuestas de aumento a salarios y prestaciones sociales de los trabajadores así como a prestaciones directas al sindicato. Lo que está plasmado en el pliego petitorio es digno de un país de primer mundo, pleno en desarrollo y riqueza y de trabajadores extremadamente productivos, ya depende del patrón otorgar las peticiones que no bajan del 50 por ciento tanto en salarios como en prestaciones.

Pero, por ejemplo, es una locura pensar que el Congreso del Estado pudiera otorgar dos millones de pesos mensuales que solicita el dirigente sindical por concepto de gratificación, “que será distribuida entre los compañeros”, pero no se dice bajo qué parámetros se distribuirá esa cantidad ni cómo se justificará. El dirigente, si empacho alguno, exige un incremento de 20 días de aguinaldo sobre el sueldo base y 20 días más sobre compensaciones, en total 40 días que su sumarán a los 129 que los trabajadores ya tienen. ¡Vaya!, el magisterio tiene apenas 90 días de aguinaldo es más productivo en todos los sentidos. Para las actividades sindicales, el dirigente solicita la cantidad de 250 mil pesos mensuales y para remodelaciones del edificio sindical se solicitan solamente ¡tres millones de pesos!

El pliego petitorio incluye petición económica para actividades cívicas y festivas: Día de Reyes, Día del Niño, Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Secretaria, Día del Empleado y Posada de fin de año. Los recursos para cada uno de los renglones enunciados van de los 3 mil a los 500 mil pesos, y en ese tenor se sigue.

Ojalá el dirigente sindical pudiera decir quién, en qué legislatura y por qué razón se le dieron tantas prebendas a un sindicato y en qué sentido son productivos sus afiliados para la sociedad. Ojalá los trabajadores pudieran cuestionar a su dirigente si la huelga a la que los conduce está debidamente justificada o con ella el dirigente busca satisfacer peticiones meramente personales y no colectivas como se oye decir en los pasillos del palacio legislativo en un tono de voz cada vez más fuerte. Ojalá lo puedan hacer antes de que su propio dirigente los perjudique y puedan perder muchas de las cosas que ahora tienen.

 

Ratificar a funcionarios

 

Entre los diputados que más iniciativas han presentado a lo largo de un año está el priista Marco Antonio del Ángel Arroyo. La última es una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 33 de la Constitución Política del Estado. Con ella, el legislador busca que el Congreso del Estado ratifique el nombramiento de los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública y de Finanzas y Planeación.

La ratificación aplicada al ámbito parlamentario, asegura el congresista, debe entenderse como una decisión del Congreso o de una de sus Cámaras para confirmar a un funcionario en el ejercicio de un cargo con una función ya sea política, técnica, judicial, de mando o de representación. Dicha ratificación se basa, de manera fundamental, en la comprobación cierta de que dicha persona cumple con los requisitos mínimos exigidos, de carácter profesional y éticos, para desempeñar el cargo para el que es nombrado.

“La ratificación de gabinete tiene como objetivo impedir la improvisación de los funcionarios y evitar que el ejercicio del poder público se lleve a cabo de una manera irresponsable, en perjuicio de la sociedad. Además, facilita la cooperación política entre estos dos poderes, sobre todo en un escenario en el cual el partido del ejecutivo pudiera no tener la mayoría parlamentaria”, se lee en la iniciativa.

Del Ángel Arroyo asegura que la ratificación del nombramiento de los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública y de Finanzas y Planeación por parte del Congreso del Estado genera un clima más propicio y los incentivos para un mayor entendimiento entre poderes y garantiza que los funcionarios tengan capacidades más adecuadas para desempeñarse. “La idea principal –reitera–, es impedir que los nombramientos recaigan en personas no aptas para las funciones por realizar. Es fundamental eliminar la práctica conocida como ´compadrazgo´ o ´gobierno de cuates´. Al seleccionar funcionarios capaces, emergerá la credibilidad en las instituciones”.

El objetivo del proyecto de ley es ser un mecanismo para evitar la improvisación con respecto de la persona que se pretende sea el titular de un ente de gobierno, por ello el constituyente debe garantizar a los ciudadanos la responsabilidad ante el parlamento de los secretarios de despacho.

 

La congeladora de la mayoría

 

Marco Antonio del Ángel Arroyo ha subido siete veces a tribuna durante el primer año de ejercicio constitucional y ha presentado siete iniciativas de ley. Todas ellas tienen que ver con reformas a la constitución o el Estado como estructura de gobierno. Las iniciativas son las siguientes:

Número 008 con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXXIX bis al artículo 33 de la Constitución Política del Estado y que pretende señalar voto calificado para la aprobación del Plan Veracruzano de Desarrollo. Fue turnada el 28 de noviembre de 2013 a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Número 243 con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 y reforma el artículo 184 del Código Electoral para el Estado, tiene la finalidad de evitar el nepotismo al proponer candidatos a cargos de elección popular. Fue turnada el 23 de enero de 2014 a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.

Número 274 con proyecto de decreto que modifica los artículos 55 fracción I y 119 fracción IV del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz cuyo propósito es facultar al Instituto Electoral Veracruzano para que, además de promover el fortalecimiento de la educación cívica y participación ciudadana, también verifique de manera presencial la realización de cursos y diversas actividades de formación continua de los militantes de los institutos políticos. Fue presentada el 8 de mayo de 2014 a la Comisión de Organización Política y Procesos Electorales.

Número 289 con proyecto de decreto que reforma las fracciones I del artículo 15, I del artículo 33 y XVI del artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz con la finalidad de que se incluya en la Constitución la figura del Presupuesto Participativo en la definición de por lo menos el 15 por ciento de los recursos que los municipios destinen al gasto de inversión dentro de sus respectivos presupuestos de egresos. Fue turnada el 2 de junio de 2014 a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Número 308 con proyecto de decreto por el que se crea el Consejo Económico Social del Estado, que tiene la finalidad de constituir un espacio de participación, deliberación y representación ciudadana, integrado por personalidades destacadas en todos los ámbitos de la vida social del Estado, que emita sus recomendaciones y consejos en torno de las políticas públicas y la agenda gubernamental. Fue turnada el 8 de julio de 2014 a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Número 362 con proyecto de decreto por el que se crea la figura del “testigo social” para la administración pública del Estado de Veracruz, que busca constituir un ente autónomo, ciudadano, evaluativo, consultivo y resolutivo, dentro del procedimiento de concurso, licitación, contratación, adquisición y transparencia, que lleve a cabo la administración pública estatal. Fue turnada el 11 de noviembre de 2014 a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Número 378 con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, la iniciativa busca agregar como atribución del Congreso del Estado el ratificar los nombramientos de los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública y de Finanzas y Planeación. Fue turnada el 4 de diciembre de 2014 a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

Ninguna de las iniciativas ha sido dictaminada; en su conjunto, las iniciativas buscan acabar con prácticas que han contribuido a la corrupción, al compadrazgo, a prácticas que han lesionado el correcto funcionamiento del estado y el ejercicio de los servidores públicos. Por ello, es de creerse, la mayoría priista en el congreso las mantiene en la congeladora aún cuando lo que buscan es mejorar el estado de cosas.

 

Contacto: desdelaesquina@nullhotmail.com