Un caso típico de la discordancia entre el buen diseño y el propósito de una Ley respecto de la realidad es la iniciativa que presentó el diputado Ángel Arroyo para reformar la fracción XX del Artículo 33 de la Constitución del estado. La iniciativa propone que la legislatura ratifique el nombramiento de los secretarios de gobierno, de seguridad pública y de finanzas, en base al argumento de evitar la improvisación de los titulares. Pero la Ley por sí sola no capacita a quienes se vayan a desempeñar en esos cargos, ni la aprobación de los diputados les va a conceder esa virtud. Además ningún caso tiene una ley de esa naturaleza si los diputados siguen siendo corderos del señor, que no deliberan y votan afirmativamente por consigna, ¿serán capaces de oponerse a la instrucción del ejecutivo los diputados priistas? ¿Por qué ratificar sólo esos cargos, acaso el de Contralor no merece autonomía, por ejemplo? Finalmente, lo que se pretende evitar no es asunto de Leyes sino de estructura de poder.