La Cámara de diputados no aprobó la Ley Anticorrupción para no darle más facultades a la Auditoría Superior de la Federación para revisiones “en tiempo real”, es decir, incluso en el ejercicio fiscal vigente, no a toro pasado. El PRI opuso el argumento que se correría el riesgo de paralizar la administración mientras se investiga y pudiera prestarse a “un golpeteo” político contra el gobierno federal. Por lo pronto ya se eliminó la creación de un Consejo Nacional anticorrupción que presidiría el presidente de la república en lo federal y cada gobernador en los estados, como lo propuso el PRI.