Por Alfredo Bielma Villanueva
8 de diciembre de 2014

Es poco probable que haya concordancia de perspectivas tomadas a partir de diferentes contextos, no es igual una visión desde el llano que otra desde un otero, por analogía, cabría esperar una perspectiva diferente respecto a lo que un ciudadano visualiza de su realidad y el enfoque de un gobernante a la mexicana cuyo uso del discurso abusa de dibujar realidades diferentes a la que se vive en el contexto social auténtico. En cambio, en países de democracia avanzada, discurso público y realidad caminan adyacentes, por la capacidad y pronta respuesta ciudadana respecto de las acciones y decires de sus gobernantes. Pero en países como el nuestro, en donde acabamos de rebasar la edad de piedra en las relaciones entre la sociedad y el poder, pero en donde quien ocupa rango de autoridad aún se considera amo y señor, no un servidor de la sociedad, no es fácil manifestar disidencias porque, por un lado, la mayoría se priva de exponerlas y por el otro el gobierno adopta medidas para reprimirlas.

Afortunadamente, ya estamos superando esa etapa, las crisis sociales, económicas y del poder han venido transformando modelos y conductas, creando instituciones para controlar al poder y a quienes lo ejercen. Los últimos acontecimientos que han cimbrado al gobierno de Peña Nieto lo demuestran con meridiana claridad: el deplorable estremecimiento de Ayotzinapa fue suficiente para derrumbar un prestigio que se paseaba por foros internacionales recogiendo aplausos por la gran reforma alcanzada gracias al oficio de perfección negociadora, mientras al interior de la sociedad las lacras crecen porque el gobierno los bordea.

Es común que cuando estamos inmersos en acontecimientos de trascendencia no dimensionamos sus efectos en el contexto social ni los cambios que ocasionan, quizá no advertimos que desde la alternancia en 2000 hasta los intentos de restauración a partir de 2012 caminamos a tumbos en una transición que nos está costando consolidar; ya se verá en la perspectiva histórica, objetivamente y a detalle, la importancia de cuánto ocurre en México en estos momentos. Así ocurrió a quienes por vez primera objetaron el origen de la autoridad divina de los reyes y a los que tomaron la Bastilla en disturbios que en su momento fueron considerados como un arrebato de la chusma inconforme e irritada que venció a la policía y tomó el edificio; ahora sabemos gracias a la perspectiva que permite el tiempo que en la esencia se estaba realizando una revolución, la que cambió las estructuras institucionales y transformó el pensamiento político del mundo occidental.

En nuestro país, los tiempos actuales ponen dura prueba a las instituciones y al gobierno, las primeras porque sin duda madurarán o serán sustituidas por otras que la coyuntura apremie. Para enderezar su rumbo y retomar caminos el gobierno se verá forzado a acelerar los cambios que se requieren para la reconciliación nacional; el disimulo, la incompetencia, la corrupción, la impunidad, deben ceder terreno ante la presión social que ha despertado lo de Iguala, obligando a voltear hacia las asignaturas pendientes que la simulación ha venido ocultando o mantenido latentes. El cambio de conciencia es nacional, incluye a gobiernos de las entidades federativas y al nivel de gobierno municipal.

Para quienes desarrollamos nuestra existencia en la aldea jarocha no escapa la necesidad de un cambio que saque a Veracruz del marasmo en que se encuentra. Pero el cambio debe partir de abajo hacia arriba, sacudiendo la estructura de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras. La actitud de la ciudadanía frente a las autoridades debe ser otra, tomar conciencia de que quienes gobiernan están en esa condición por la voluntad ciudadana, con un poder prestado y transitorio, y que quien gobierna es mandatario no mandante. Ya llegarán los tiempos en los que quienes detentan poder asuman que deben actuar obedeciendo la voluntad popular y admitir, si tal es el caso, que un abucheo o una silbatina es mala señal, un indicador de que las cosas no van bien, porque posiblemente no se hacen bien. El cambio implica, entre otras formas, que el ciudadano cuestione actitudes y discursos del gobernante, que tal es la esencia de una democracia participativa, porque de esa manera habría equilibrio en el discurso público, no resplandores inexistentes.

Por ejemplo, Harry Grapa, quien es secretario de turismo del gobierno estatal, afirmó que por los Juegos Centroamericanos y del Caribe había una derrama de 4 mil millones de pesos, acostumbrados a sus ocurrencias no le dimos crédito alguno. Pero su jefe, Javier Duarte de Ochoa, quien es el mandatario de los veracruzanos ratificó lo que Grapa asegura, ¿debemos creerle en automático solo porque quien lo asevera es el gobernador? Por supuesto que no debe ser así, en honor a la transparencia primero que se nos explique en dónde se reflejan los 4 mil millones de derrama económica en la economía veracruzana; porque, salvo en el sector de prestadores de servicios turísticos no se ve por donde pudo haber ingresado a la economía veracruzana la cantidad mencionada, aun en la eventualidad de que realmente hubiera habido un millón de visitantes, como también hiperbólicamente se afirma. El reclamo es justificado ante el despropósito de asegurar a los diputados que en el año en curso el número de visitantes ascendió a 8.9 millones y la ocupación hotelera tuvo un promedio de 64%, para una derrama de 14 mil millones de pesos; de inmediato salta la incongruencia de las cifras, pues un arribo de turistas de ese monto mantendría una ocupación hotelera del 100 por ciento. Y todavía no termina el año, agréguense desde ahora 4 millones más por las fiestas decembrinas.

No tomado a la ligera, el detalle es una falta de respeto a la inteligencia de las personas que pagan la sostenimiento del gobierno; allá los diputados que la dejaron pasar. También se afirma un parteaguas deportivo, un antes y un después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en materia deportiva en Veracruz. Por obsecuencia ¿debemos aceptarlo como una verdad indiscutible? Pareciera que no. No somos una entidad señera en el deporte nacional, en cuatro años el actual gobierno no se ha distinguido por darle prioridad a la educación física y la mayor parte de las instalaciones deportivas que se usaron para los Juegos han estado allí desde hace muchos años. Sería ocioso discutir lo contrario porque ningún reporte basado en estadísticas revela que Veracruz sea la potencia deportiva de México.

Apertura democrática fue el término acuñado y divulgado sin cortapisas durante el periodo de Luis Echeverría, hacen ya 40 años, se refería a un supuesto cambio de actitud del gobierno ante la sociedad, porque ésta ya podía expresarse libremente, pero eran subterfugios porque los únicos que jugaban y prosiguen retozando en esa cancha son los políticos. Si no despierta la sociedad, la clase política y los gobernantes seguirán jugando en exclusiva en la pista, con árbitros puestos a conveniencia, sin admitir equipos que hagan competencia y declarando lo que les venga en gana. Está visto que los cambios políticos y sociales en nuestro país son lentos por antonomasia, aun ahora no sabemos si ya cambiamos o seguimos siendo reos de una clase política que se ha heredado el país por décadas, privatizando ganancias y socializando las pérdidas, los problemas han sido la heredad de los pobres ¿hasta cuándo?

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