Cuando el gobierno federal emprendió aquella cruzada contra el crimen organizado en Michoacán encarcelando varios alcaldes y poniendo en condición de indiciados a varios políticos se imputó al presidente Calderón una agresión contra la “autonomía estatal” y el gobernador, Leoney Godoy, protestó airadamente por esa incursión de fuerzas federales en su Estado. Pero el tiempo y cuanto ocurre en esa entidad han venido demostrando cuánta razón asistía al gobierno federal para implementar aquella ofensiva contra el delito en un Estado en el que el último en enterarse que estaba mal era el gobernador Godoy, quien no acaba de asombrarse al conocer el número de sus ex colaboradores que tienen cuentas pendientes con la ley: quien estuviera al frente del Instituto de Capacitación del Trabajo está acusado de peculado y junto con él un proveedor del gobierno acusado del mismo delito; anteriormente se detuvo al ex secretario de Comunicaciones y Obras por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, de igual manera a la tesorera del gobierno que encabezó Godoy. ¿Cuántos “gobiernos” sufren de ese síndrome?