Por Hilario Barcelata Chávez
8 de diciembre de 2014

En Veracruz no hay democracia presupuestal. Existen limitaciones constitucionales severas para que el Congreso local participe en el proceso de elaboración del presupuesto y por lo mismo en las funciones del ejercicio del gasto público que realiza el Ejecutivo, que nacen a al momento que los diputados aprueban el presupuesto.

La Constitución del estado de Veracruz no le otorga al Congreso local la facultad para “modificar” el Proyecto de Presupuesto de Egresos que anualmente presenta el Poder Ejecutivo para su aprobación. El artículo 33º fracción XXVII de la Constitución local señala como atribución del Congreso en materia presupuestal “Fijar” anualmente los gastos públicos con base en el presupuesto presentado por el Ejecutivo. Si fijar significa obligar, forzar a ejecutar algo (Diccionario de la Real Academia Español) entonces la única atribución que tienen los diputados veracruzanos es la de “Aprobar” el presupuesto que el Ejecutivo les presente. Y si no existe la facultad de “Modificar” ¿de qué sirve establecer un procedimiento legislativo de aprobación del presupuesto. Si los diputados no pueden modificar montos o programas ¿en qué momento se ejerce la voluntad popular en materia presupuestal?

Esta situación no sucede en el ámbito federal ya que desde el año 2004 la Constitución mexicana concede esa facultad a los diputados federales. Lo mismo sucede en seis estados del país: que si tienen democracia presupuestal: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala (llamaré a estos, “estados democráticos”). En el resto, los congresos locales no pueden modificar el presupuesto y sólo se limitan a aprobarlo. Esto tiene repercusiones importantes en materia de diseño y ejercicio del gasto público de las entidades federativas y por supuesto en su desarrollo porque la democracia presupuestal parece ser signo de un manejo financiero adecuado. En los cinco de los “estados democráticos” el gasto público creció de 2008 a 2012 en un 15.5%, tasa por encima de la media nacional, lo que sin embargo no lo disparó excesivamente ya que como proporción de su Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) éste se mantuvo en un 10.5% en promedio, por debajo de la media nacional, sin que esto represente restricciones financieras, ya que estos estados tienen un Gasto público per cápita por encima de la media nacional, de 9,540 pesos por persona.

Esto contrasta con lo que pasa en Veracruz donde el gasto público creció en 33.2% en el mismo periodo, más que en los estados con democracia presupuestal, con la diferencia de que su gasto como proporción del PIBE es de 14.2%, por encima de la media nacional y por encima de los estados mencionados, mientras que su gasto per cápita alcanzó los 9,064 pesos, lo cual es inferior al valor alcanzado por los estados democráticos.

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Al analizar cómo se ha ejercido el gasto en obra pública se puede observar que cuatro de los seis estados con democracia presupuestal ejercieron un monto por encima de la media nacional. Como porcentaje del PIBE este gasto es en promedio de 1.5%, por encima de la media nacional que es de 0.87%. En cambio en Veracruz que no goza de democracia presupuestal la situación es distinta ya que el valor del gasto en obra como porcentaje de su PIBE es apenas de 0.62%, por debajo de la media nacional y por debajo de los estados que conforman el grupo de análisis. Asimismo, en los estados democráticos este tipo de gasto como porcentaje de su gasto total es en promedio de 12.3%, por encima de la media nacional que es de 6.4%, mientras que en Veracruz es de es de 4.4%, menor que la media nacional y menor que el valor promedio de los estados democráticos.

De igual modo la tasa de crecimiento en promedio del gasto en obra fue de 431.6% de 2000 a 2012, muy por encima de la media nacional que fue de 115%. En contraste en Veracruz fue de apenas 21%. Asimismo el gasto en obra pública per cápita de los estados

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democráticos es de 1,1138 pesos por persona, por encima de la media nacional que es de 584 pesos, pero en Veracruz es de 394 pesos por persona, menor a la media nacional y mucho menor que el grupo los estados democráticos.

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La diferencia en la asignación de los recursos públicos con fines productivos entre los estados democráticos y Veracruz es más amplia cuando se analizan los montos la llamada “Inversión pública” de cada estado, que incluye las erogaciones realizadas en compra de bienes muebles e inmuebles, obra pública e inversión financiera.

Los estados democráticos destinan en promedio para inversión un monto equivalente al 1.7% de su PIBE, muy encima de la media que es de 1.04%. En cambio Veracruz asigna únicamente 1.03%.. Asimismo, los estados democráticos destinan a Inversión pública un monto promedio de 13.2% del total de su gasto, muy por encima de la media que es de 7.7% mientras que Veracruz aplica apenas un 7.2% observándose que la diferencia con algunos de estos estados en particular puede ser mayor, como en es el caso de Aguascalientes donde la proporción destinada a este rubro es de 20.8%, tres veces más que Veracruz.

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Estas diferencias en montos se derivan del diferente ritmo de crecimiento que ha tenido la Inversión pública estatal en los últimos años. Así, mientras que en los estados democráticos la tasa de crecimiento promedio de 2000 a 2012 fue de 250% (muy por encima de la media que fue de 100.6%) Observándose que en algunos casos fue mucho más alta, por ejemplo para Baja California Sur, donde el crecimiento fue de 474%. En contraste para Veracruz el incremento fue de apenas 75.5%.

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Sin duda la democracia presupuestal parece ser signo de un manejo presupuestal adecuado. Los seis estados democráticos tuvieron una tasa de crecimiento promedio de su deuda pública de 250% en el período 2000 a 2012, por debajo de la media nacional que fue de 4,465.5%. En cambio en Veracruz el crecimiento de las obligaciones financieras fue de 116,676%. Como porcentaje del PIBE, la deuda promedio de los estados democráticos es de 1.9%

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inferior a la media que es de 2.96%. En cambio en Veracruz este indicador tiene un valor de 5.8%. En el mismo sentido se puede observar que la deuda per cápita para los estados democráticos es en promedio de 1,164 pesos por persona, por debajo de la media nacional que es de 2,180 pesos, pero en Veracruz es muy superior ya que alcanza un valor de 3,131 pesos.

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Por último, vale la pena destacar la notoria diferencia que se observa en la asignación del gasto que sirve para cubrir las remuneraciones a las burocracias estatales (incluye sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones, seguridad social, etc.). En los estados democráticos este rubro representa en promedio el 1.3% del PIBE, muy por debajo de la media nacional que es de 2.3%. En cambio en Veracruz es mucho más elevado ya que significa un 4.2% de su PIBE. De igual modo, si este gasto se mide como porcentaje del gasto total resulta que para los estados democráticos es de 10.5%, mientras que para Veracruz es de 29.5%, es decir, casi tres veces más.

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Los datos aquí presentados permiten concluir que existe una relación amplia entre la facultad de modificar el proyecto de presupuesto de egresos que tienen algunos estados, siendo que en aquellos en donde la constitución estatal da este poder al congreso local, el  manejo del gasto público resulta ser mejor que el que realizan los estados en donde no hay tal potestad para los diputados. Urge que Veracruz lleve a cabo el cambio constitucional para permitir una mayor participación del congreso en el diseño y ejercicios del gasto y de este modo puedan se mejore su asignación y su ejercicio  y se evite el caos financiero que ha llegado a privar en el estado.

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