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Por Miguel Angel Cristiani G.
30 de enero de 2015

Amnistía Internacional ha tomado nota y está exigiendo al gobierno del estado de Veracruz profundizar en las líneas de investigación sobre la desaparición forzada del periodista Moisés Sánchez Cerezo, que de acuerdo con los datos de la organización Article 19 este es el decimosexto caso de periodistas asesinados en la entidad en los últimos años.

En un comunicado oficial de Amnistía Internacional que acaba de ser difundido esta semana se exige al estado mexicano que se profundicen las líneas de investigación para sancionar a los responsables.

En un amplio y detallado escrito Amnistía Internacional se refiere al caso del periodista asesinado en los siguientes términos:

“El pasado 2 de enero, José Moisés Sánchez Cerezo fue privado de la libertad por un grupo de hombres armados que irrumpió en su casa en el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Su desaparición forzada estaría relacionada con su trabajo de informar sobre la situación política y de seguridad de su comunidad.

Amnistía Internacional lamenta que la actuación de las autoridades estatales no se haya encauzado con la debida diligencia en la búsqueda con vida del periodista, a pesar de que sus familiares presentaron la denuncia correspondiente.

Adicionalmente, preocupa que las más altas autoridades estatales, incluyendo al Gobernador del Estado, hayan negado la actividad periodística de la víctima.

La organización ha recibido información que indica que los familiares y los representantes legales de la víctima no tienen plena confianza en la identificación del cuerpo hallado por la PGJE. Ante estas dudas, es necesario que se realicen de inmediato las pruebas periciales necesarias, incluyendo identificación por ADN.

En casos de esta naturaleza, se debe garantizar el trato digno a los familiares, en especial en lo relativo a proporcionarles información oportuna sobre la evolución del caso, incluyendo la búsqueda permanente de sus seres queridos y el proceso de identificación de los cuerpos, de tal forma que se evite la revictimización. Así mismo, es necesario que se adopten medidas de protección para garantizar que los familiares de José Moisés Sánchez Cerezo no sean objeto de ningún tipo de represalias.

Amnistía Internacional considera que la investigación presentada por la Procuraduría del Estado de Veracruz, sustentada en una declaración autoinculpatoria de un supuesto partícipe del delito, genera serias dudas. Al respecto, Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, indicó: “preocupa gravemente la identificación de un patrón en el actuar de las autoridades estatales y federales frente a casos de desaparición, iniciado por la falta de debida diligencia en las primeras horas de la desaparición, seguido de la falta de información oportuna y veraz a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación, y la conclusión de las líneas de investigación con resultados basados en confesiones”.

Ante los reiterados fracasos en las investigaciones a nivel local sobre el esclarecimiento de las agresiones y desapariciones de periodistas en Veracruz, es necesario que este caso sea atraído por la Procuraduría General de la República, tal como lo ha solicitado la representación legal de la familia Sánchez Cerezo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Moisés Sánchez es fundador y reportero del semanario local La Unión, de distribución gratuita, a través del cual denunciaba la corrupción de las autoridades locales y la situación de inseguridad de la zona.

Información recibida por AI, indica que días antes de su desaparición, el señor Sánchez Cerezo habría recibido una amenaza vinculada con el presidente municipal de Medellín de Bravo.

El viernes 2 de enero de 2015, a las 19:30 horas, un comando armado entró con violencia a la casa de José Moisés Sánchez Cerezo y lo privó de la libertad. Los hombres armados se habrían llevado además algunas de sus pertenencias, entre las que se encuentran su computadora y equipos celulares.

En México, las personas defensoras de derechos humanos y las y los periodistas continúan enfrentando serios riesgos y amenazas como resultado de su labor. De conformidad con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2010 a enero de 2015, al menos 97 periodistas fueron asesinados, y 22 han desaparecido en los últimos diez años. La falta de voluntad y la incapacidad de las autoridades para investigar adecuadamente estos delitos, junto con un sistema judicial ineficiente, perpetúan la impunidad casi absoluta en estos casos.