Buganza

 En 2011 blindó las cuentas para evitar embargos; empeoró las cosas

 

Sociedad 3.0

Fracasó el Congreso de Veracruz en su intención de que fuera castigado el juez de Distrito que advirtió al gobernador Javier Duarte que debe pagar los 7 millones de pesos que adeuda el Poder Legislativo del Estado o será destituido de su cargo.

Una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito confirma que, en efecto, el titular del Poder Ejecutivo tiene la obligación de responder económicamente por el error laboral de la Legislatura.

Así lo dieron a conocer los licenciados Luis Alberto Viades Blanco y Juan José LLanes Gil del Ángel, socios del despacho que lleva sus apellidos, quienes abundaron que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la sesión celebrada este ocho de enero de 2014, determinó que es infundado el recurso de queja presentado por el gobernador de Veracruz en contra del auto del Juez Segundo de Distrito en el Estado que lo vinculó al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el juicio 2285/2013.

Como se recuerda, el juez segundo de Distrito en el Estado concedió a dos trabajadoras despedidas por el Congreso del Estado, el amparo de la Justicia Federal ante la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de proveer a la inmediata ejecución del laudo que se dictó a favor de ellas en el juicio laboral 532/2009-IV.

En virtud de que el Congreso del Estado se resistió a cumplir el mandamiento judicial que le ordenó reinstalar y pagar a las trabadoras, el Juez Federal determinó que quien debe pagar es el Gobernador del Estado.

Ante esta determinación, tanto el Congreso como el Gobernador del Estado, presentaron sendos recursos de queja que conoció y falló ayer el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la sesión celebrada en su sede, en esta ciudad capital. Dichos recursos se radicaron bajo los números 86/2014 y 87/2014.

El Gobernador del Estado argumentó que no podía obligársele a la reinstalación y pago de las trabajadoras, mientras que el Congreso, aseguró que el Juez de Distrito no podía vincularle al cumplimiento de la sentencia de amparo.

Ayer, los tres integrantes del referido Tribunal federal determinaron por unanimidad que el Gobernador del Estado sí está obligado a reinstalar a las trabajadoras y pagar lo que se les adeuda, y que si no lo hace, entonces se procederá a vincular al Congreso del Estado al cumplimiento de la sentencia de amparo.

Sin embargo, una negativa por parte del doctor Javier Duarte de Ochoa cuando vuelva a ser requerido, implicará que la autoridad judicial federal lo destituya del cargo de Gobernador y además lo consigne a un juez federal por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, ante lo que podría ir a la cárcel.

Los abogados del Despacho Viades, Llanes & Asociados consideraron que la negativa de cumplimiento, tanto del Congreso como del Gobernador, no sólo lesiona a las dos modestas trabajadoras cuyos derechos fueron pisoteados, sino el Estado de Derecho.

Se quiso pasar de listo

Por otro lado, cabe señalar que este enredo jurídico de que sea el Gobernador del Estado quien responda por los errores del Congreso, es producto del pretendido blindaje a la Ley de Bienes de la Entidad que ordenó en 2011 el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, para evitar que las cuentas bancarias y bienes del Estado pudieran ser embargados.

El capricho del entonces (y hoy nuevamente) secretario de Gobierno fue porque derivado de una demanda laboral al Estado por parte de Rubén Ricaño Escobar, fueron vaciadas las cuentas bancarias de la Secretaría en el banco Banorte, para cumplir un laudo. Entonces, Buganza instruyó al Congreso para que “blindara” las cuentas mediante una reforma a la Ley de Bienes del Estado, que quedó como sigue:

 “Artículo 7°.- Todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables. En consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución, para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado o de su Hacienda. En este caso, la sentencia se comunicará al Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga”.

Ante este engendro jurídico, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, resolvió un recurso de revisión donde establece que:

“… para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado de Veracruz, la sentencia debe comunicarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga en el laudo; es decir, que la legislación del estado de Veracruz, prevé otra forma para cumplir los laudos, y no sólo el embargo de bienes y la vía de apremio o mandato de ejecución. Máxime que el propio Congreso del Estado de Veracruz, emitió esa disposición legal y, por tanto, es el principal obligado a observarla….”

Con lo anterior y la posterior secuela que han seguido los litigios laborales, el blindaje quedó destruido.