Por Aurelio Contreras Moreno
Columna Rúbrica

 La cleptocracia es un neologismo para referirse al gobierno de los ladrones, conformado por políticos y burócratas corruptos en extremo.

De acuerdo con la Enciclocracia del autor y ensayista español Iván de la Nuez, con el término cleptocracia “hablamos de un tráfico de dinero a cambio de lealtad, una especie de burocracia B en cuya nómina caben desde delatores hasta familiares, sin olvidar a los premiados por favores políticos”.

“Resulta ingenuo entender la cleptocracia como un delito puntual y no como un engranaje sistemático de corrupción. Una ingeniería que no sólo articula el robo al Estado, sino que también refleja a un Estado que roba. La cleptocracia permite la emergencia de una nueva casta, encargada de difuminar las fronteras entre el erario público y el enriquecimiento privado. Y si la sinecura se nos presenta, vista a la luz del presente, como una dádiva propia de un Estado corruptor, la cleptocracia nos descifra además a un Estado corrompido”, define Iván de la Nuez.

Si hay un gobierno en México que encaja en esa definición como si fuera una descripción gráfica, como una imagen nítida de sí, es el de Veracruz. El régimen que encabeza el gobernador Javier Duarte de Ochoa es una cleptocracia de facto, pues su rapacidad es abierta, cínica, desvergonzada.

Juzgue usted si no, a la luz de los recientes nombramientos en la estructura del gobierno estatal. En la Secretaría de Desarrollo Social fue colocado Ranulfo Márquez Hernández, conocido operador electoral del PRI que en el proceso 2013 fue cesado de manera fulminante de su cargo como delegado de la Sedesol federal en la entidad, tras aquel escándalo de los videos en los que él y varios políticos ligados al Gobierno del Estado instruían cómo utilizar los programas sociales federales durante las campañas políticas, el “oro molido” de Salvador Manzur Díaz, quien por esa causa también tuvo que dejar, casi a la fuerza, su cargo como secretario de Finanzas y Planeación, aunque después fue asombrosamente recompensado con la delegación de Banobras.

En la Secretaría del Trabajo, Productividad y Previsión Social fue nombrado Gabriel Deantes Ramos, quien el año pasado fue echado vergonzosamente de su cargo como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz por haber “traicionado” la confianza del gobernador Javier Duarte, tal como se mandó publicar desde el mismo gobierno estatal en los medios en su momento.

Sobre Deantes pesan varios señalamientos sobre presunto enriquecimiento inexplicable, ya que de la noche a la mañana se hizo propietario de edificios, restaurantes y mansiones en Xalapa y otras ciudades del estado, adquiridos “seguramente” por medios de sus emolumentos como “servidor público”.

A pesar de lo anterior, Duarte de Ochoa “perdonó” a Deantes, quien ha trabajado a su lado desde el sexenio anterior, y aunque en un principio pretendió colocarlo al frente de la Sedesol estatal, la presión y las críticas desde dentro del mismo régimen se lo impidieron. Pero de todos modos le alcanzó para ocupar una secretaría de despacho, cuyas oficinas, por cierto, quedan muy cerca del edificio –también de su propiedad- donde desde la campaña de 2012 se instala un bunker que concentra a la maquinaria electoral paralela con la que el gobierno estatal opera los comicios federales y locales.

La cereza del pastel del régimen cleptócrata veracruzano es la ratificación de Luis Ángel Bravo Contreras como titular de la nueva Fiscalía General de Veracruz para los próximos nueve años, con lo cual el duartismo pretende agenciarse una monstruosa e inaudita impunidad transexenal.

Y si alguien duda de la rapacidad de la administración estatal, que le eche un ojo al nuevo crédito por cinco mil millones de pesos que el duartismo le clavó a fin del año pasado, con premeditación, alevosía y ventaja, a todos los veracruzanos.

Decirles cleptócratas hasta parecería un halago.

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