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Jamás, en 18 años de operaciones de la Clave Única de Registro de Población (CURP), algún funcionario ha sido llamado para explicar por qué hay un excedente de 60 millones de registros en esa base de datos, casi la mitad de la población calculada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) en 112 millones 333 mil 538 habitantes. Nadie ha dicho nada del riesgo de estas cifras en un país en que la corrupción carcome a los tres niveles de gobierno.

Hoy, entre los contratos del gobierno federal, no hay ningún proyecto para remendar esta base de datos, cuya manutención ha costado más de 5 mil millones de pesos en la última década. Por el contrario, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha pagado casi 300 millones de pesos a Sixsigma Networks para que la conserve. Es el mismo consorcio que en 2006 fue señalado de montar una página en Intranet para usar un padrón alterno de electores a favor del PAN.

Y no sólo eso, al ponerle cara a la crisis representada en Ayotzinapa, la más grande de su gobierno, el Ejecutivo presentó un decálogo para reasumir el Estado de Derecho: en el punto cinco plantea crear otra Clave Única de Identidad, al margen de la CURP. Especialistas en política pública y demografía lo ven inviable. Dicen que hace falta una férrea voluntad política para lograrlo. Por lo pronto, el Registro Nacional de Población e Identidad Personal (Renapo) –donde se crearía esta clave– está acéfalo porque Alejandro Armenta Mier, quien lo dirigió durante un año, se fue para contender por una diputación en las elecciones del próximo 7 de junio.

Tomado de: http://www.sinembargo.mx/20-01-2015/1222932