Estado 4

Sociedad 3.0

Finalmente, el Congreso Local pagó los 7 millones de pesos que debía a 2 modestas trabajadoras que fueron despedidas injustificadamente en 2009, y que tuvieron que enfrentarse a la animadversión y corrupta complicidad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial del Estado de Veracruz, los tres amafiados en contra del estado de derecho.

Como ha informado con puntualidad este portal Sociedad 3.0, las dos empleadas fueron cesadas en el año 2009. Presentaron demanda laboral y dieron seguimiento a una secuela que incluyó amparos directos e indirectos, debido a que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (integrante del Poder Judicial estatal) se empeñó en dificultarles la resolución del caso mediante rodeos y argucias legales, con la intención de no molestar al Congreso.

Ante la imposibilidad de usar la vía de apremio y los actos de ejecución, porque previamente el Gobierno del Estado había mandado reformar la Ley de Bienes del Estado, para evitar los embargos laborales, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, resolvió un recurso de revisión, donde estableció que, si no se podía actuar mediante aquellos mecanismos, tenía que ser el Gobernador del Estado quien pagara.

Lo anterior motivó que el Juez Segundo de Distrito en el Estado vinculara al propio mandatario para el pago y también al Congreso. Ambos presentaron recursos de queja para oponerse, y finalmente el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito (hoy denominado Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo), confirmó que el doctor Javier Duarte de Ochoa debía pagar o sería separado de su cargo y consignado penalmente, tal como el Juez Segundo ya lo había advertido.

Dentro del desarrollo de estos hechos, que fueron dados a conocer a principios de octubre, de manera exclusiva por este Portal, como respuesta al interés mediático, el Congreso emprendió una campaña de desprestigio contra el Despacho Viades, Llanes y Asociados, patrocinadores de las empleadas, acusándolos de tener demasiado interés en el tema porque cobrarían el 40% de lo indemnizable.

Finalmente, este viernes, el Despacho emitió un comunicado mediante el cual informa que el Congreso cumplió hoy el laudo dictado en su contra, cubrió la totalidad de las prestaciones, y que, aunque la resolución ordenaba reinstalarlas, las trabajadoras se abstendrán de reinstalarse, al considerar que no existen condiciones idóneas para el desarrollo normal de una relación de trabajo.

Sin embargo, los abogados Luis Alberto Viades Blanco y Juan José Llanes Gil del Ángel concluyen que el déficit de legalidad no está solventado, porque “hay muchos otros laudos pendientes por cumplir”.