Por Aurelio Contreras Moreno
20 de enero de 2015

De acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española, un eufemismo (del latín euphemismus, y éste del griego εὐφημισμός) es la “manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”.

Wikipedia define al eufemismo como “una palabra o expresión políticamente aceptable o menos ofensiva que sustituye a otra palabra de mal gusto o tabú, que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. Los eufemismos son muy empleados en el lenguaje políticamente correcto para evitar posibles ofensas a grupos de individuos, o como instrumento de manipulación del lenguaje para hacer más fácil la aceptación por la ‹masa› de ideologías que, expuestas de otro modo, resultarían reprobables”.

En Veracruz, la procuración e impartición de justicia son en sí mismas un eufemismo, por la manera como se manipulan no sólo el lenguaje, sino las investigaciones ministeriales, con tal de no aceptar la realidad que se vive en el estado.

Y si hay un funcionario proclive a los eufemismos ése es el flamante fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien con tal de no contrariar a su jefe, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, pretende arrogarse la facultad de decidir quién sí y quién no es periodista en Veracruz.

Este lunes, Bravo Contreras y el secretario de Gobierno Gerardo Buganza Salmerón, sostuvieron una reunión con un grupo de periodistas veracruzanos para “informar” acerca de los “avances” en las investigaciones sobre el secuestro y desaparición del reportero, editor y activista Moisés Sánchez Cerezo, luego de que el pasado viernes 16 de enero se realizó una marcha en la capital de Veracruz para exigirle al gobierno de Javier Duarte de Ochoa que saliera de su marasmo y ofreciera algún tipo de resultado sobre las pesquisas de este caso.

En la reunión, Bravo Contreras, con tal de no referirse a Moisés Sánchez como periodista, declaró que “es sabido que sostenía distintos oficios, escribía algo, también era activista y también era taxista”.

¿Por qué esta necedad de no reconocer la condición periodística de Moisés Sánchez, a pesar de que está más que demostrado que editaba un periódico impreso cada que podía pagar su impresión y manejaba un blog donde ejercía un periodismo social y comunitario? Porque este tema, el de los ataques al ejercicio periodístico, es un tabú, y es preferible no llamarlo por su nombre.

El gobierno de Javier Duarte no quiere asumir su responsabilidad por el clima de inseguridad y falta de garantías para ejercer el periodismo libre y crítico en el estado (porque el chayotero y zalamero sí goza de todas las facilidade$ necesaria$).

Siguiendo con los eufemismos, el Fiscal del estado dijo que “para mí lo relevante es que el ser humano no se encuentra con nosotros y que fue sustraído de su domicilio de manera violenta y es lo verdaderamente importante para nosotros. Independientemente del origen laboral o profesional, yo busco un ser humano que fue sustraído de su domicilio con violencia”.

Eso tampoco es real. Si antes la Procuraduría y ahora la Fiscalía General del Estado le han dado atención a este caso es, precisamente, porque involucra a un integrante del medio periodístico que ha suscitado, así sea escasa, la solidaridad de su gremio. Si no fuera así, si no existiera presión mediática, ni siquiera se hubieran ocupado. Sería un desaparecido más, una cifra, una estadística sin nombre.

Pero al Fiscal le encanta le encanta darle la vuelta a todo. La justicia incluida.

 

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