Si por allí se encuentran a algún inversionista que desee invertir su dinero en sociedad con el gobierno dejando a este las decisiones importantes e incluso las que arriesgan su inversión sería bueno que lo reporte a Ripley pues sería un fuera de serie o simplemente un botarate. Tal es el argumento que puede oponerse a quienes para justificar la privatización del SASM insisten en que las decisiones seguirán siendo tomadas por los ayuntamientos de Veracruz y Medellín. Ningún inversionista en su sano juicio aceptaría esa condición, simplemente porque su fin es de lucro, ganar dinero, sacarle jugo a su inversión y no lo dejará en manos de gente inexperta. Vale la interrogante ¿Quién arriesgaría cientos de millones de pesos en manos de alcaldes veracruzanos? Ni un nuevo rico de la clase política se atrevería esa osadía, más aún porque sabe como teje la iguana.