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En la licitación de las obras públicas del gobierno federal aparece desde hace tiempo un “testigo social” que, en teoría, es un representante de la sociedad que se encarga de legitimar estos procesos. Sin embargo, se trata de una figura que no tiene dientes legales para considerarse un verdadero auditor, afirman expertos en transparencia y licitaciones.

En la cuestionada licitación del Tren Rápido México-Querétaro, la misma que luego fue cancelada ante las suspicacias que despertó la forma en la que se realizó y las empresas a las que se entregó el proyecto, el gobierno federal presumió la participación del testigo social –en este caso Humberto Santillana Díaz– como un elemento que le dio legitimidad y transparencia al proceso.

El mismo Santillana Díaz, quien no vio irregularidad alguna en esa primera asignación de contrato, aparece de nuevo como testigo social en la pre convocatoria para reponer dicha licitación. Él ingeniero ha participado en decenas de licitaciones, dando su aval en nombre de la ciudadanía, pero no está claro ni cómo es qué lo hace ni tampoco cuáles son sus actividades profesionales reales.

Actualmente, el Padrón Público de Testigos Sociales de la SFP se integra por 46 elementos, 36 personas físicas y cinco morales. Según esa entidad, la necesidad de crear la figura del testigo social surgió por las problemáticas del gobierno en materia de contrataciones, por un alto grado de opacidad, percepción de corrupción, ineficiencia, ineficacia y la carencia de credibilidad ante la sociedad, entre otras.

Tomado de: http://www.sinembargo.mx/21-01-2015/1224597