Familiares de los normalistas de Ayotzinapa protestaron frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería el pasado 18 de diciembre, en Iguala, Guerrero.  Foto: Octavio Gómez
Familiares de los normalistas de Ayotzinapa protestaron frente a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería el pasado 18 de diciembre, en Iguala, Guerrero.
Foto: Octavio Gómez

De acuerdo con las declaraciones ministeriales que forman parte del expediente de la PGR sobre el caso Ayotzinapa –a las que tuvo acceso Proceso-, en la trama de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre en Iguala se entrelazan acciones de mandos y tropas del Ejército que contribuyeron a crear el clima de impunidad criminal que desembocó en los asesinatos y las desapariciones forzadas de los normalistas guerrerenses. Los testimonios muestran que la PGR conocía incluso la actividad delictiva de los Abarca y la red de corrupción de la cual aún trata de zafarse, ante la opinión pública, el procurador Murillo Karam.

 

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, está empecinado en atribuir toda la responsabilidad de la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa al crimen organizado en colusión con autoridades municipales, a fin de salvar la imagen de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tiene elementos para considerar la presunta responsabilidad de mandos militares en la tragedia que puso en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto.

El expediente del caso (más de 50 tomos) contiene declaraciones ministeriales rendidas por los testigos e inculpados ante agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, donde se advierte que por lo menos los comandantes de los batallones de infantería 27 y 41, de Iguala y Teloloapan, así como de la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, estuvieron al tanto del poder corruptor y de la capacidad de fuego del cártel Guerreros Unidos, al que la PGR atribuye la tragedia.

La penúltima semana de 2014 el presidente municipal de Cocula, el priista César Miguel Peñaloza, permaneció en instalaciones de la SEIDO para rendir su segunda declaración ministerial. La dependencia pretendía inculparlo, pero el Juzgado Primero en Procesos Penales con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó su liberación por falta de pruebas.

“Altos funcionarios” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejercieron presión sobre Peñaloza, desde que llegó al cargo en octubre de 2012, para que designara titulares de la Dirección de Seguridad Pública municipal al teniente Tomás Bibiano Gallegos y el mayor Salvador Bravo Bárcenas, ambos retirados, según publicó el pasado 30 de diciembre el diario La Jornada.

El primero fue asesinado en noviembre de ese año y el segundo está libre bajo reservas de ley, tras declarar como testigo el pasado 15 de octubre ante la SEIDO.

Tomado de; http://www.proceso.com.mx/?p=392106