Armando Ortiz
28 de enero de 2015

Hemos llegado a la conclusión de que el estado no puede garantizar la seguridad de los periodistas. Por supuesto, hablamos del estado como un ente en el que confluyen todas las instituciones que rigen o regulan las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas de la sociedad. Pero el estado ha sido vulnerado por la ambición que lleva a la corrupción y a la impunidad. Un estado donde el delincuente, el asesino, el ladrón no obtiene el castigo que merece, es un estado fallido y por lo mismo ineficiente. Pero cuidado, el estado somos todos, entonces todos, de alguna manera, hemos fallado.

Veracruz es un estado de la República mexicana, las instituciones lo rigen, lo deberían regir. Pero las acciones de impunidad y cinismo de algunos servidores públicos y la desfachatez de nuestros gobernantes ponen en tela de juicio cualquier acción que cometa el estado.

Es por ello que la solución que el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo, da al caso Moisés Sánchez, secuestrado y asesinado por su labor periodística en el municipio de Medellín de Bravo, queda estancada en un marasmo de dudas. Algunos acusan que la institución, que debería procurar justicia, lo único que ha hecho es fabricar un escenario político electoral que sirve para cuestionar y desprestigiar a los contrincantes panistas, que en unos días más designarán a sus candidatos a las diputaciones federales.

Si la institución que procura la justicia se hubiese regido siempre por la legalidad y la honradez, cualquier teoría de la conspiración se vendría abajo. Sin embargo, en un estado de la República donde más periodistas han sido asesinados y donde las soluciones que presentan a estos crímenes resultan completamente desatinadas, es obvio que una solución más, en un caso criminal contra periodistas, cae sin remedio en el territorio de la duda y la especulación.

Acaso no vino el mismo Julio Scherer a ver a Javier Duarte para reclamarle por el caso Regina Martínez y de la boca del mismo Scherer salió la sentencia que se habrá de repetir en cada caso que se disponga a resolver el estado: “Es inútil, señor gobernador, no le creemos…”

Pero, ¿por qué no creerle al gobernador de Veracruz? La respuesta es fácil: por su incongruencia. Un día el ejecutivo acusa de desleales a dos de sus funcionarios públicos. Inmediatamente los medios y las redes sociales dan a conocer las riquezas inexplicables de esos funcionarios. Los lapidan en la plaza pública y los suponen muertos. Pero el mismo ejecutivo que los acusó de deslealtad, en su magnanimidad y complacencia va, los levanta y con su aliento de vida los pone nuevamente de pie. Todavía más, el mismo ejecutivo se reúne con ellos, les da un espaldarazo, como si con ello lavara sus pecados anteriores y los ensalza. Hoy uno de esos desleales individuos es secretario del Trabajo, el otro está por ser ungido como candidato a diputado federal por el partido que gobierna. ¿Entonces, le creemos o no al gobernador?

Como decía al principio, el estado somos todos y si el estado falla, nosotros somos corresponsables. ¿En qué fallamos? ¿Acaso no somos nosotros los que elegimos a esos gobernantes? ¿Acaso no somos capaces de exigirles cuentas claras, orden y fin a la impunidad? Fallamos cuando en lugar de exigir congruencia nos burlamos de la incongruencia de nuestro gobernador. Fallamos cuando salimos a la calle y sólo nos importa gritarle sus verdades. Fallamos cuando guardamos silencio, fallamos porque nos quedamos callados. Fallamos porque no sabemos en qué fallamos.

No más periodistas asesinados en Veracruz.

 

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