En 2012 una encuesta levantada por el Inegi reveló que la población mexicana percibía tres grandes problemas nacionales: la violencia, la pobreza y la corrupción, en ese entonces Peña Nieto se aprestaba a tomar posesión de la presidencia de la república que había ganado en julio de ese año. Como tema prioritario de su gobierno, una de las primeras iniciativas que mandó Peña Nieto al Congreso de la Unión fue la de crear una Comisión Nacional Anticorrupción que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, con nuevas atribuciones y como entidad autónoma. Pero en la vorágine legislativa de las reformas política, educativa y energética quedó empantanada y cuando la retomó la Cámara de Diputados fue con la absurda propuesta priista de que dicha Comisión fuera presidida por el presidente de la república en lo federal y los gobernadores de los estados. Obviamente fue rechazada tan ridícula propuesta, ¿cómo podría encabezar el presidente de la república y un gobernador un órgano fiscalizador presumiblemente autónomo? En esas están los señores legisladores para quienes nada corre prisa en un país plagado de violencia, pobreza y corrupción.