Por Alfredo Bielma V.
06 de enero de 2015

De la observación de los últimos siete gobiernos veracruzanos podemos inferir que el cuarto de gobierno representa la cúspide del poder, el año en el que se consolidan los programas y las obras medulares que servirán para justificar la gestión, porque parte del quinto se dedica a cerrar con broche de oro inaugurando las obras, para preparar la despedida, que esta se haga con dignidad, muy a propósito para el adiós, y se aprovecha para proyectar hacia el futuro a actores políticos afines. El sexto año se destina a preparar el cierre del ejercicio, a limpiar la casa lo mejor posible para el que vendrá, lavar la ropa en casa para que cuando esta se ventile no haya problemas desagradables que resolver una vez fuera ya del poder, el sexto es año político, el de la elección del relevo gubernamental.

Lo que no se hizo en los cuatro primeros años difícilmente se hará en los dos últimos, pues fatalmente iniciando el quinquenio arrecian los rumores de la sucesión y, como es el caso de Veracruz, se combina con la elección federal para la renovación de la Cámara de diputados, una oportunidad que los actores políticos aprovechan para candidatearse y proseguir su carrera y en la que el gobernador apoya a gente de casa que pudieran servir de conductos o portavoces si los tiempos a posteriori fueran difíciles. En Veracruz el año de la sucesión coincide con la renovación de la Cámara legisladora local, pero para entonces los candidatos (del PRI) son pasados por el visto bueno del candidato a gobernador, salvo la cortesía que se le corre al gobernador en turno para una o dos posiciones.

Ese es el esquema generalizado que se ha aplicado, con los obligados matices impuestos por las circunstancias, desde Marco Antonio Muñoz (1950-1956), hasta Patricio Chirinos (1992-1998), los Ejecutivos estatales fueron citados a Los Pinos, o a Gobernación y al PRI para convenir o recibir instrucciones acerca de la candidatura al gobierno. Debido a que Fox, y en su tiempo Calderón no podían intervenir en candidaturas priistas, Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán asumieron la responsabilidad de seleccionar y apoyar a los candidatos de su partido. En el caso de Alemán fue en el sexto año de la gestión estatal, no así con Fidel Herrera, quien preparó e indujo una sucesión con candidato pre configurado con muchos meses de anticipación; fue una estrategia de engañar con la verdad, lo cual no era muy excepcional y acaso sí típico en el gobierno de la “fidelidad”.

La historia de las sucesiones presidenciales en México registra casos de progresivos distanciamientos entre el que se va con el que llega, lo que tipifica un fenómeno combinado de condición humana (deslealtad, ingratitud, conveniencias) con circunstancias objetivas. En las entidades no operan los mismos ingredientes, excepto el de la condición humana, pero sucede algo similar, porque quien llega quiere demostrar que será mejor que su antecesor y procura deslindar compromisos. En Veracruz, por caso, no se ha llegado a los extremos de actitudes y rupturas como la de Luis Echeverría con Díaz Ordaz, De la Madrid con López Portillo o de Zedillo con Salinas. Esto no significa que en los casos de Ruiz Cortines con Alemán y de Díaz Ordaz con López Mateos no haya habido resquemores, pues aunque sutiles fueron notables.

En Veracruz, lo subrayable fue la cacería contra Dante Delgado, que aparentemente desató Patricio Chirinos, pero que en realidad fue activada por el gobierno de Ernesto Zedillo. No tan drásticas, pero por ser más reciente aún queda en la mente colectiva las actitudes adoptadas por Fidel Herrera contra quien lo ayudó a ser gobernador, promoviendo una campaña que machacaba la “onerosa deuda pública” de 3 mil 500 millones de pesos que el gobierno de Alemán le había heredado y propagando la idea de que había llegado a pesar de su antecesor, cuando sería difícil explicar un triunfo con pírrica diferencia sin el respaldo del gobierno en turno.

Después del cuarto año de una gestión a seis ya es permisible realizar evaluaciones preliminares. Javier Duarte de Ochoa está abriendo su quinto año de gobierno, tras cuatro difíciles jornadas en la que no ha habido un mes en que no se haya producido un hecho de negativos impactos, desde los cadáveres en la avenida central de Boca del Río, a los videos del mapachismo electoral, pasando por los millones detectados en el aeropuerto de Toluca, y periodistas desaparecidos o muertos, que son indicios de una gestión acentuadamente accidentada. Nadie puede ocultar un ambiente de inseguridad pública que no se ha podido descifrar y una deuda pública que mantiene maniatada a la administración impidiéndole la implementación de obra pública destacable. En mucho de esto ha colaborado un ineficiente reclutamiento de colaboradores, escogidos de entre un reducido grupo de amigos y arribistas sin evaluar perfiles de aptitud para un buen desempeño, como privilegiando más un proyecto de diseño transexenal (al que las circunstancias difícilmente podrán coronar con el éxito) sobre el bienestar colectivo.

Es un quinto año que está arrancando y en el horizonte no se advierten sino nubarrones que anuncian serias perturbaciones políticas y sociales, motivadas por la acumulación de asuntos pendientes por resolver, entreverados con errores de conducción y la opacidad impuesta por el personal agradecimiento.

Intentar una actitud laudatoria del actual gobierno estatal encontraría serios reclamos de la realidad, el reproche lo calificaría como apología claudicante porque nada hay en el contexto social veracruzano que justifique panegírico alguno. Dos años restan a la administración duartista, cuánto desearíamos que hubiera un relampagueante destello de obras y programas con resultados de beneficio colectivo.

Porque, en cuanto a los tambores que anuncian la sucesión, como pintan las cosas en el actual escenario, es posible advertir que Javier Duarte de Ochoa vivirá una muy difícil sucesión en la que acaso nada tenga que hacer respecto de la candidatura priista.

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