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En esta imagen del 13 de septiembre de 2014 se ven las tumbas de Marcos Salgado Burgos (derecha), de 20 años, y de su hermano, Juan José Salgado Burgos, de 18, en un cementerio de Arcelia, México. La madre de los jóvenes dijo que sus hijos murieron en un enfrentamiento entre soldados mexicanos y una pandilla del narcotráfico en un almacén, y cree que fueron ultimados después de rendirse y estaban desarmados. (Foto AP/Eduardo Castillo)

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) investiga a 20 de sus integrantes, entre los que se encuentran policías ministeriales, agentes y peritos en diversas disciplinas, por estar involucrados de manera directa en el caso Tlatlaya.

El procurador estatal, Alejandro Gómez, dijo que la investigaciones se relacionan con la presunta tortura de tres mujeres que presenciaron los hechos del 30 de junio del año pasado, que dejaron un saldo de 22 personas muertas.

Explicó que hasta el momento no se ha separado del cargo a ninguno de los servidores públicos, debido al derecho de presunción de inocencia que tienen y señaló que las investigaciones comenzaron luego de las declaraciones de los tres testigos de los hechos, con quienes ya se pusieron en contacto.

Al hablar sobre las indemnizaciones, el procurador del Estado de México dijo que el monto dependerá de los resultados de la investigación para conocer cuáles fueron los abusos que sufrieron; sin embargo, no dio una fecha para que concluyan las investigaciones.

IFAI ordena a PGR que entregue los peritajes

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe entregar la versión pública de los peritajes  del caso Tlatlaya.

El pleno del IFAI consideró que el argumento de que se trata de información contenida en una averiguación previa, presentado por la PGR, no procede, ya que se trata de violaciones graves a los derechos humanos.

De acuerdo con el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, la ley federal de transparencia establece que la reserva de las averiguaciones previas no aplica en aquellos casos en los que se presuma la existencia de violaciones a los derechos humanos.

El 30 de junio de 2014, elementos del Ejército mexicano ejecutaron a ocho de las 22 personas que fallecieron en el interior de una bodega localizada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Tomado de: http://www.animalpolitico.com/2015/01/investigan-20-servidores-de-la-procuraduria-de-justicia-del-estado-de-mexico-por-caso-tlatlaya/