Una institución pública arropada con todas las de la ley para combatir al crimen destaparía la enorme cloaca en que se ha convertido la administración pública mexicana en sus tres niveles de gobierno. Casos como los de Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí se repiten en todas las entidades federativas. Es clásico lo que ocurrió en el municipio de Soledad de Graciano, San Luis Potosí, en donde su alcalde con licencia, Ricardo Gallardo, está acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Gallardo transfirió ilegalmente más de 200 millones de pesos del erario municipal: “Desde las cuentas del municipio se hacían pagos por servicios médicos a la clínica de especialidades médicas Wong SA de CV, y luego se enviaba el dinero a empresas relacionadas con el alcalde con licencia”. Como este caso nada extrañaría que en Veracruz se repitiera, la población los conoce. Pero no los ve, sólo el que no quiere ver.