Por Alfredo Bielma V.
26 de enero de 2015

O sea, culpas son del tiempo

En todo Sistema Político democrático y republicano, el marco jurídico se ajusta conforme cambian las circunstancias, esa regulación es saludable por cuanto a que las leyes e instituciones que se crean deben corresponderse con la realidad sobre la que tienen vigencia. Cuando una Ley no está en consonancia con las condiciones objetivas de la sociedad surgen los conflictos porque su aplicación provoca inconformidades ya que se discurre en el dilema entre lo legal y lo injusto. Así ocurría en la primera mitad del siglo XX e inicios de la segunda cuando frente a los apremios sociales y políticos originados por la difícil situación económica se aplicaba el delito de disolución social, muy a modo para reprimir a manifestantes inconformes. Aquello hizo crisis y desembocó en el movimiento estudiantil de 1968 que obligó al gobierno a desaparecer los estrechos cinturones represivos que aplicaba para contener la irritación social.

La evocación precedente viene a cuento por la iniciativa de ley de Duarte de Ochoa proponiendo un gobierno de dos años, so pretexto de homologar las elecciones para gobernador del Estado con la elección presidencial de 2018. En realidad, esa propuesta en otras condiciones sociales, políticas y económicas no hubiera provocado la reacción contraria desde la sociedad ni de ciertos factores de poder a su interior puesto que con el mismo procedimiento en el devenir de los tiempos se han venido creando normas jurídicas e instituciones sin provocar sobresaltos. Pero en este caso el propósito discrepa con el contexto social en el cual va a tener vigencia, de allí el motivo del rechazo.  

No es Veracruz la única entidad en la que se homologa la ley para acordar elecciones de gobernador de dos años, en Puebla ya se legisló en ese sentido, la diferencia con Veracruz es que ese proceso legislativo se llevó a cabo cuando el gobernador poblano llevaba dos años de ejercicio. En Tamaulipas están en el dilema sobre cuál elección homologar, si tener un gobernador de dos años y nueve meses o legisladores por igual periodo, aunque todo indica que es un concierto nacional (orden desde el centro) lo de la homologación a través de gobiernos cortos.

¿Por qué en Puebla no provocó conflicto la homologación? Porque hubo acuerdos previos entre la clase política, porque el gobernador estaba en pleno control de la situación, porque para ese entonces Puebla conseguía la instalación de la armadora de autos Audi, por las enormes obras de modernización de la capital del estado que le permiten al gobernador demostrar resultados positivos de su gestión. Sin duda se dio en un contexto social en el que una discusión política no se hubiera explicado, mucho menos justificado frente a la vorágine modernizadora que vive la capital poblana.

Un contexto muy diferente es el de Veracruz. Puebla es un Estado en cuya capital vive la mayor parte de su población e históricamente allí se concentra una gran actividad industrial, comercial y turística. En cambio, Veracruz tiene una población muy dispersa en por lo menos 30 ciudades medias, y cinco zonas serranas con rezagos sociales ancestrales. La capital, Xalapa, padece un acentuado retraso en materia urbanística, nada que ver con otras capitales de estado, aún de los más pobres que nosotros; porque mientras aquí se levantan encuestas, muy virtuales, sobre el cambio de sentido vehicular en dos avenidas construidas hace más de cuarenta años en otras capitales se construyen grandes avenidas. No es difícil advertir el por qué nuestro contexto político, social y económico genera la disidencia y el rechazo a un gobierno de dos años; es torpe reducir este asunto a un conflicto político o a ambiciones personales, no es por allí la verdadera causa del conflicto que provocó la homologación, porque también los empresarios y la Iglesia expresaron su desacuerdo. Y es explicable:

Contexto social: la mayor parte de la población veracruzana vive en los márgenes de la pobreza, de este sector un buen segmento sobrevive en pobreza extrema; los programas sociales, a pesar de la inversión de miles de millones de pesos no han logrado reducir la marginación que aqueja a los habitantes de zonas serranas y en los cinturones de miserias de las grandes ciudades; la desigualdad social no ha mermado en Veracruz en por lo menos 10 años.

Contexto Económico: el campo está estancado, la producción de maíz, frijol, arroz no ha aumentado al ritmo que se quisiera para cubrir siquiera la demanda interna; piñeros, citricultores, cafetaleros, cañeros, productores de mango, etcétera, año con año solicitan apoyos para sus respectivos cultivos, pero desafortunadamente no los han encontrado. La industria azucarera pende de alfileres y se va deteriorando cada vez más sin que a nivel del estado encuentren las vías que gestionen el apoyo del gobierno federal; excepto Etileno XXI, que invierte 4 mil millones de dólares en su proyecto de Coatzacoalcos, se desconoce qué otras inversiones de igual calado vendrán a Veracruz, que no sea la inversión que programa el gobierno federal en este estado. El turismo camina sólo en el discurso, sus parámetros no rebasan la mediocridad en que se despliega una supuesta promoción turística, limitada a la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Contexto Político: desde 2004 la entidad veracruzana sufre un severo estancamiento, pues el de Fidel Herrera fue un gobierno de lamentables resultados, en todos los órdenes; legó para la posteridad inmediata una herencia reflejada en onerosa e inexplicable deuda pública que ha impedido al actual gobierno operar con éxito programas de desarrollo y realizar obra pública del tamaño de nuestras necesidades colectivas. Adicionalmente, no la asumimos como cierta, pero la percepción ciudadana acerca de que quien manda en Veracruz es el exgobernador ha perjudicado severamente el desempeño de Duarte de Ochoa, que a cuatro años de su periodo no supo, lo intentó y no pudo, o simplemente no quiso deslindar su gobierno del pasado inmediato; un gesto político que de haberlo implementado le hubiera ahorrado especulaciones al por mayor. Es fuerte la versión de que el Grupo político que formó y heredó Herrera Beltrán sólo busca posiciones de poder, sin importar las condiciones sociales y económicas de la entidad; en esa lógica de propósitos hegemónicos han atropellado la participación de otros actores políticos, ciudadanos con igual derecho a participar e indiscutiblemente más conocedores de la cosa pública, pero que el prejuicio de secta ha intentado obstaculizar o marginar, sin conseguirlo, con el consiguiente costo político a futuro.

Con mucha antelación la clase empresarial y la Iglesia expresaron públicamente su desacuerdo a homologar para un gobierno de dos años, sus propuestas en el sentido de que en ese periodo un gobierno sólo cuenta con tiempo para organizar las elecciones del que viene fueron desoídas. Similares argumentos esgrimieron los senadores de la república del PRI y del PAN: José Yunes Zorrilla, Héctor Yunes Landa, del PRI, y Fernando Yunes Márquez, del PAN; igual tesis manejó el diputado federal Juan Bueno Torio y diputados locales del PAN no afiliados al llamado PAN rojo. A pesar de estas consideraciones en contra respecto de un proyectado gobierno de dos años, acaso en la necesidad de apegarse a una consigna proveniente desde el centro del país, el gobernador Duarte de Ochoa se decidió por homologar la legislación electoral en demérito de un contexto social que no llama al consenso. De allí deriva la acentuada escisión en las filas del priismo local; también la inconformidad de la clase empresarial, de la auténtica oposición política y de buena parte de la población, apercibidos de que si doce años son muchos, catorce son más.

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