Por Aurelio Contreras Moreno
23 de enero de 2015

Ateniéndonos a los dichos de Jorge Sánchez, hijo del reportero veracruzano desaparecido, Moisés Sánchez Cerezo, la supuesta investigación de la Fiscalía del estado para dar con su padre es un desastre, o peor, una mera simulación.

Como en el gobierno estatal sólo entienden y hacen caso como los perros: a punta de periodicazos, Jorge Sánchez tuvo que buscar tribunas en los medios de la Ciudad de México para que su voz se escuchara y se activen las indagatorias locales para encontrar a Moisés, quien este viernes cumple tres semanas desaparecido.

De acuerdo con lo declarado por el propio hijo del editor del periódico La Unión de Medellín, así como por el organismo civil Artículo 19, al revisar el expediente de la Fiscalía General del Estado sobre el secuestro de Sánchez Cerezo, se advierte que en realidad, el gobierno de Javier Duarte no lo está buscando.

En entrevista con el portal de noticias Animal Político, el director de Artículo 19, que acompaña el caso de Moisés Sánchez Cerezo, Darío Ramírez, afirma que “en el expediente no se encuentra ninguna estrategia de acción, y no hay informes de alguna fiscalía o autoridad veracruzana sobre la búsqueda de Moisés. No hay nada. Sólo hay dichos sin pruebas periciales y la línea de investigación que apunta a unos policías municipales. Estamos muy claros de que nadie de las autoridades de Veracruz lo está buscando”.

A su vez, tras entrevistarse con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, Jorge Sánchez también declaró a Animal Político que el fiscal de la Nación le dijo que “vamos a empezar de cero la investigación, porque lo que han hecho en Veracruz no nos sirve”.

Lo que queda de manifiesto, por un lado y por enésima ocasión, es el enorme desinterés del gobierno veracruzano por procurar verdaderamente justicia en el estado y por proteger el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Aunque eso ya ni siquiera es novedad.

Por otro, se exhibe la inoperancia de la flamante Fiscalía General de Justicia de Veracruz, cuyo titular, Luis Ángel Bravo Contreras, se quedará en el cargo durante nueve años como pago a un favor hecho durante la campaña de 2010 al entonces candidato a la gubernatura Javier Duarte de Ochoa. No por méritos profesionales y, por lo que se ve, mucho menos por los jurídicos. Aunque sus “investigaciones” lo hagan sentir “muy bien”, como declaró ante reporteros en Xalapa.

Lo más preocupante es que ni siquiera la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República es garantía de hallar pronto y con bien a Moisés Sánchez. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) tampoco ha mostrado ser una entidad eficaz.

De acuerdo con su propio reporte estadístico, retomado y publicado por la periodista veracruzana Vivian Martínez en El Blog de Horas Extra, la Feadle tiene registrados 102 homicidios de periodistas cometidos del 2000 al 2014 en la República Mexicana, pero “sólo tiene 30 indagatorias vinculadas; aunque se registraron 24 periodistas desaparecidos de 2005 a 2014, sólo se instruyeron 12 indagatorias por estas desapariciones”.

“En 2014, la Feadle arrancó con un rezago de 121 averiguaciones previas de años anteriores e inició 167 más. El total de averiguaciones previas que se tramitaron en 2014 fue de 297, de las cuales 177 quedaron pendientes. Pero las 120 que se despacharon no fueron muy exitosas tampoco: en 53 casos se declaró incompetente; en 27 determinó el no ejercicio de la acción penal, 12 se turnaron a otras áreas de la PGR, dos quedaron en reserva, nueve expedientes se acumularon a otras denuncias y sólo hubo 17 consignaciones.

“Más aún: se recibieron de años anteriores 46 actas circunstanciadas rezagadas, las cuales se sumaron a las 198 iniciadas en 2014; 84 de éstas se elevaron a averiguaciones previas, ¡y cien fueron archivadas!”, desglosa Vivian Martínez.

Como podemos notar, la libertad de prensa y de expresión, no sólo no son prioridad para los gobiernos federal y de Veracruz. No les importa un carajo.

 

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