Por Rafael Arias Hernández
19 de enero de 2015

Ineptos y corruptos se reciclan, permanecen y se fortalecen.

Inocultable, caro y presuntuoso, se repite más de lo mismo y peor. Ante la alarma mundial del daño acumulado causado en estructuras, funciones y resultados, por innumerables gobernantes y funcionarios.  Ante la evidencia y el escándalo que se denuncia a lo largo y lo ancho de todo el país, sigue el mismo discurso y comportamiento oficial del “no pasa nada, vamos bien y viene lo mejor”

En Veracruz y en todo México, a diferentes intensidades y grados, la vieja y obsoleta cultura política prevalece y se impone. Los gobiernos, en general, se caracterizan por estar dedicados a rutina, simulación e impunidad, en condenable defensa de intereses personales y de grupo.

De los cuantiosos recursos públicos manejados, del alcance de las atribuciones institucionales, y de las oportunidades que se presentan, cada vez llega menos al sufrido y abnegado mexicano.

Mantenerse a cualquier costo, en el poder público y sus beneficios es lo prioritario. “Tapaos los unos a los otros, salvo excepciones, es principio y fin”, de demasiados funcionarios y gobernantes. Mientras tanto, la economía no reacciona y el entorno internacional desfavorece y perjudica; inocultable, aumenta la producción de pobres, miserables, hambrientos y sedientos; crecen limitaciones y sacrificios de la población; y la violencia e inseguridad no ceden. Demasiado daño acumulado se hace presente.

El esfuerzo de los gobiernos no es suficiente. La cara y obsoleta simulación oficial es notoriamente ofensiva e impertinente. Decenas de miles de desaparecidos y sus familias agraviadas claman y exigen seguridad y justicia, decencia y eficiencia gubernamental.

De los 34 países integrantes de la OCDE, México continúa siendo uno de los más violentos del mundo, donde no están garantizadas las condiciones para una vida segura, de acuerdo a los Indicadores de Gobernabilidad Sostenible (Sustainable Governance Indicators).

 

CAMBIAR PARA QUE TODO SIGA IGUAL

 

Y aquí estamos, ante elecciones, que se supone facilitarán las expresiones de la voluntad ciudadana; y que, en principio, deben servir para determinar quiénes son los responsables de la representación pública.  Elecciones que, sin embargo, tradicional y comprobadamente son de limitado alcance por el excesivo control de la partidocracia, con sus inaceptables excesos y formas de condicionamiento, orientación y clientelismo de servicios, apoyos y recursos públicos; y también, hasta de escandalosos y recurrentes actos delictivos.

A pesar de las reformas y cambios realizados, las elecciones están limitadas, entre otros aspectos, a una mayoría relativa sin suficiente respaldo, credibilidad y confianza; a una tolerancia, estímulo y apoyo, a conocidas formas de delincuencia electoral que manipulan y orientan la voluntad popular; a una persistente negación del derecho de revocación de mandato; a una inocultable extensión de la impunidad, sobre todo por delitos electorales, de ahí que algunos encuentran refugio y amparo en el fuero legislativo y en el abuso del llamado “acto consumado”; y a la oportunidad de administraciones y gobiernos de reciclar, promover y proteger a conocidos irresponsables e ineptos, ineficientes y corruptos.

Esto nos lleva inevitablemente, a tener que reconocer que a pesar de las pérdidas, retrocesos y daños causados. A pesar de las innumerables historias repetidas, de tragedias revividas, los ciudadanos y sociedad en general, poco nos ocupamos de fiscalizar y evaluar la actividad gubernamental. Al grado tal, que no es raro que impongan o nombren a los mismos, o a peores presuntos responsables, en importantes áreas de gobierno, sabiendo que, como en anteriores oportunidades, no entregarán buenos resultados; no atenderán bien y con oportunidad, necesidades sociales básicas o prioritarias; ni resolverán, viejos y nuevos problemas. Erróneamente se piensa, que padecer a los verdugos se vuelve una obligación, o hasta una adicción.

Es tal nuestro desinterés ciudadano y la pasividad de la sociedad, que no se exigen responsabilidades y rendición de cuentas, verdaderas y puntuales. Muchos de quienes gobiernan creen, sostienen y practican, que pueden hacer lo que les da la gana, que al fin y al cabo complacencia, complicidad y continuidad son la base de la impunidad.

Error y consecuencia, bien se sabe que, en general, ciudadanos y sociedad, poco nos ocupamos de fiscalizar y evaluar la actividad gubernamental. Así, los perjudicados, los obligados a pagar consecuencias y sacrificios son, para variar, los mismos de siempre.

 

¿SIRVEN LOS SERVIDORES PUBLICOS?

 

Lo importante es saber distinguir bueno, de malo o peor. Valorar los diversos aspectos de carreras políticas, ejercicio gubernamental y, en general, alcances y resultados de todo servidor público.

¿Aceptación a la capacidad o a la complicidad?

¿Preferencia a la mediocridad o a la perversidad?

¿Reconocimiento a la eficiencia o a la delincuencia, dentro y fuera de los gobiernos?

Precisa saber ¿Hay buenos, eficientes y honestos?

Numerosos, en la multitud del anonimato; o contados pero destacados, por fortuna no todo está perdido, ni podrido. Desde luego que los hay. Cada vez menos, pocos y contados en los puestos importantes y en los mandos superiores, pero los hay. La cuestión entonces es saber distinguir unos de otros, hacerlo con objetividad, sin prejuicios ni indisposiciones.

Para ello, hay que partir de resultados: errores y aciertos, pendientes y retrocesos, logros y avances, obtenidos.

Imprescindible la información confiable y oportuna; por lo tanto hay que exigir un acceso a la información verdadera, actualizada, y entendible. Recomendable si frente a objetivos establecidos, se usan indicadores de desempeño.

El problema se complica si no se imponen, para empezar, como práctica obligada y permanente, transparencia y rendición de cuentas, así como seguimiento y control, evaluación y fiscalización de todos los servidores públicos, sin excepción.

Reto ineludible eliminar opacidad, voluntarismo, discrecionalidad, secretismo y favoritismo, pilares de ineficiencia, delincuencia e impunidad.

El Consejo Coordinador Empresarial, demanda “terminar con el problema de corrupción que se agrava día con día en el país”. Su representante, Gerardo Gutiérrez Candiani, sostiene que… “diariamente salen a la luz situaciones de abuso y corrupción en los distintos niveles de gobierno. Si hay que reducir gastos, es obligado ir contra los altísimos costos que se derivan de un aspecto fundamental es el combate a la corrupción” (SinEmbargo.120115)

 

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