Por Armando Ortiz

 En un estado en el que el gobierno no puede garantizar la seguridad de quienes ejercemos el oficio periodístico, quizá debamos apelar al sentido común de las personas que se deciden a hacer daño al periodista. Por ello, va esta carta dirigida a todos los servidores públicos del estado de Veracruz, desde el gobernador y hasta el dependiente más humilde.

En primer lugar, señores funcionarios públicos, secretarios de despacho, diputados, presidentes municipales, directores de seguridad, directores de oficina o simples achichincles de quinta, los verdaderos periodistas no tenemos la mínima intención de meternos con ustedes como si de un asunto personal se tratara. El periodismo que ejercemos tiene que ver con el valor informativo de algunas de sus acciones.

Es cierto, hay que reconocerlo, si ustedes actuaran correctamente, seguramente ni nos daríamos cuenta de su persona. Eso tampoco está bien. Porque el hecho positivo debería tener más valor informativo del que le damos. Pero los medios en Veracruz sólo ponderan el acto positivo de un servidor público cuando existe convenio publicitario de por medio. Claro, la acción positiva del funcionario público es cosa rara. Regularmente, en estos 20 años de oficio periodístico, me he dado cuenta que lo que más abunda en el servicio público es la acción negativa.

El funcionario público se corrompe ante el poder, ante el manejo de recursos que no le pertenecen; se corrompe ante la posibilidad de perpetuarse. El mayor ejemplo en estos últimos tiempos lo tenemos en Fidel Herrera Beltrán.

El caso es que muchas veces esa corrupción se hace más que evidente, la corrupción en un funcionario público adquiere valor informativo en el momento que descubrimos que la ley, que ustedes deberían respetar, es violentada. El trabajo que el periodista adquiere es un compromiso social. La información es un bien social por lo que el compromiso del periodista es con la sociedad.

Si un periodista se entera de un acto de corrupción, si un periodista se entera de cómo un funcionario público violenta la ley que lo debería regir, si nos enteramos y no hacemos nada, nos volvemos cómplices del mal funcionario. Es por ello que el compromiso que adquirimos con la sociedad nos obliga a denunciar ese hecho.

Pero ustedes se sienten agredidos, ustedes se sienten desnudados, ustedes sienten que la culpa de la corrupción está en nosotros que la revelamos; ustedes han llegado a creer que si no denunciáramos el acto ilícito, éste no existiría. Vaya como ejemplo la señora que fue a reclamar al bar Chico Julio porque cacharon a su marido, el director del IVEC, tomando borracho cuando debería estar en su oficina, atendiendo asuntos para los que le pagamos. En lugar de reclamarle al marido por alcohólico, va y reclama al lugar que lo acoge en su borrachera. ¿No les parece absurdo?

Señores funcionarios, si no quieren que se denuncien sus corrupciones, no actúen de manera ilegal, cíñanse a las leyes que se comprometieron respetar. Porque si ustedes no cumplen, todavía hay periodistas que sí estamos dispuestos a cumplir con nuestro compromiso con la sociedad.

Ahora bien, ya han sido denunciados y se sienten agredidos, ya han sido denunciados y en lugar de detener ustedes su corrupción, sólo sienten deseos de detener al que denuncia su corrupción.

Entonces, y miren lo que les voy a decir, escuchen bien lo extrañas que pueden sonar mis palabras, entonces den las órdenes específicas de qué es lo que quieren que le hagan al que los denuncia.

Yo soy licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y sé que el español, si no se utiliza bien, cambia el sentido del mensaje. Sean claros, específicos. Porque las personas a quienes están encargando la encomienda muchas veces entienden de más.

Los Abarca en Iguala pidieron a sus jefes policiacos que desaparecieran a los muchachos de Ayotzinapa. Dudo mucho que en la mente de los Abarca haya estado todo lo que hicieron a los muchachos: Torturarlos, desollarlos y quemarlos, a algunos, vivos. Ellos quizá utilizaron “desaparecer” como una alusión a que los retiraran de ahí. Pero los acomedidos entendieron mal y literalmente los desaparecieron; tanto así que es la hora que no los encuentran.

Se dice que el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, apodado Azul 1, pidió a sus jefes policiacos que le dieran “un sustito” al periodista Moisés Sánchez. El alcalde quizá no fue claro ni específico. Los acomedidos, encargados de llevar a cabo la encomienda, tal vez ven demasiadas películas de terror y pensaron que el susto debería incluir tortura y muerte. Ese sí es un gran susto. Pero ahora el susto se lo está llevando el alcalde, por no ser claro, por no ser específico.

Miren a lo que hemos llegado, señores servidores públicos, que en lugar de pedirles que no se corrompan, que no violenten la ley, les tenemos que pedir que sean claros cuando nos manden a meter un “susto”, no sea que a los acomedidos se les pase la mano.

Por su atención muchas gracias.

 

Armando Ortiz                                                           aortiz52@nullhotmail.com