Por José Luis Ortega Vidal
22 de enero de 2015

(1)

Son tres momentos distintos:

a)      El del secuestro, levantamiento o ataque mortal a una persona: ciudadano común, empresario, profesionista, periodista.

b)      Las primeras 72 horas que transcurren a partir del hecho y lo que ocurre en ese lapso: la familia y el primer círculo de amistades o compañeros de gremio, vecinos y autoridades se enteran del ataque; hay movilizaciones o quietud; hay noticias, posicionamientos en redes sociales y medios de comunicación o impera el silencio; hay contacto de los plagiarios o lejanía.

c)      El desenlace: la víctima es liberada; la víctima desaparece para siempre; la víctima está viva o es asesinada; pasan días, semanas, meses, años y la víctima aparece ejecutada o es hallada con vida.

¿Qué hacer? ¿Qué conviene? ¿Cómo proceder?

Hay protocolos: las autoridades judiciales tienen el suyo: sin denuncia no proceden.

La policía tiene los propios: actúa de oficio pero requiere de mecanismos de comunicación rápidos, eficaces y confiables que casi siempre deja en manos de la familia o de la sociedad porque los suyos –los oficiales– no funcionan adecuadamente debido a la existencia de múltiples cuerpos policiacos, la corrupción, la falta de perfil de sus elementos o las fallas internas en el aparato de gobierno en su totalidad.

La sociedad civil no cuenta con protocolos: se mueve por instinto, por circunstancias de poder político o económico, por experiencias previas o por influencias externas.

Los gremios –como el de los periodistas– han aprendido a base de agresiones más constantes y, cada vez más, mortales.

(2)

Ejemplos, basados en historias reales:

1)      Una mujer es secuestrada. Su familia es contactada por los plagiarios que exigen una cantidad determinada de dinero. Se reúne el recurso pero alguien aconseja contratar a un equipo de negociadores profesionales para evitar que –aún entregado el pago del rescate– les devuelvan un cadáver o no les regresen nada.

Los negociadores entran en acción y se aseguran de que la víctima esté con vida, pactan el pago del rescate y la entrega de la rehén.

La dama es devuelta a su familia y los plagiarios se marchan con el botín.

Nunca hubo noticias al respecto. Todo se manejó en el ámbito de lo privado. Transcurrieron semanas entre el inicio y el desenlace del caso. Años después, ningún medio de comunicación ha contado esta historia semejante a muchas, muchísimas.

 

2)      Una camioneta oficial intercepta el vehículo en el que se traslada el periodista. El reportero detiene su unidad y a un lado se estaciona un auto particular. Los policías observan. De la unidad desciende un grupo de hombres armados. Lo amenazan, lo bajan y se lo llevan. Arrancan el automóvil de los secuestradores y la patrulla.

La familia, el gremio y las autoridades cuyos integrantes son cómplices del secuestro se activan con protocolos, con instinto o como Dios les da a entender.

Al haber presión mediática hay presión política.

Al conocerse la participación de la policía en el plagio la acusación llega al más alto mando de los cuerpos de seguridad.

Inician el deslinde de responsabilidades, las acusaciones mutuas, la valoración de los riesgos para todos.

Pasan horas, días, más días. El plagiado está vivo pero puede morir en cualquier momento, se sabe.

Finalmente, las más altas esferas del poder político intervienen. Han sentido el riesgo de un escándalo mayor que afecte sus intereses políticos.

Se impone la lógica del poder: preocupa más el futuro político que la vida del plagiado.

La víctima es liberada. Se salvó porque su muerte habría afectado a personajes de las más altas esferas de poder.

Se salvó porque sus plagiarios recibieron órdenes.

Nunca hubo detenidos.

 

3)            Estoy a unas horas de resolver el caso, dice el Fiscal Luis Angel Bravo.

Se refiere al secuestro del periodista Moisés Sánchez Cerezo.

El gremio al que pertenece la víctima se ha movilizado desde las primeras horas de su plagio. Su caso es tema internacional. La presión política y mediática es al más alto nivel. Las autoridades policiacas y políticas –el alcalde de Medellín de Bravo es el principal sospechoso, afirma el Fiscal– se encuentran bajo mucha presión.

Otra vez en el escenario la variable política junto al elemento llamado víctima.

¿Cuál pesa más?

¿Protocolos? La policía municipal de Medellín de Bravo ha sido señalada como cómplice del plagio, interrogada y una parte de ella está a disposición de las autoridades ministeriales.

En el caso de Moisés Sánchez la eficacia se observa en la movilización de su familia y el respaldo de su gremio.

El desenlace de la historia nos dirá cuál ha sido el papel que cada parte ha jugado en el desarrollo del drama que deseamos no termine en tragedia.

Luego, nos enfrentaremos una vez más a temas de una estructura enferma de cáncer en México y Veracruz: la de Procuración y Aplicación de Justicia; ligadas, ambas, a la impunidad.