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Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– El nuevo escándalo por la aparición de una casa que el Presidente Enrique Peña Nieto compró a un contratista de sus gobiernos, tanto en el Estado de México como en la administración federal, revelado por el diario The Wall Street Journal (WSJ), despertó el debate sobre la necesidad de crear en el país un sistema anticorrupción eficiente, así como de contar con declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos más explícitas y que no dejen lugar a dudas sobre el origen de sus bienes, demandaron representantes de partidos de oposición y de organizaciones civiles.

El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó el martes por la noche que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando el ahora Presidente era Gobernador de la entidad.

Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a designar un Fiscal independiente y autónomo que investigue la procedencia del patrimonio del Presidente, de los secretarios de Estado, personal de la Presidencia de la República y determine si existe conflicto de interés.

Marcelo Torres Cofiño, vicecoordinador del PAN en San Lázaro, dijo que el partido solicitó un Comisionado Especial con independencia y probada solvencia moral para investigar la responsabilidad y el posible conflicto de intereses y actos de corrupción en los que podrían estar involucrados el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete.

El legislador expuso que esta es una cuestión muy delicada porque, dijo, no acabamos de salir del escándalo de la “casa blanca” y ahora tenemos esto. “Esto lo que nos da a entender y se presume es que hay un conflicto de interés y actos de corrupción”, comentó.

“Esta revelación da cuenta de un verdadero desorden, falta de seriedad y por su puesto de actos de corrupción, ¿por qué? Porque esta empresaWSJ [SIC] propiedad de un accionista en el Estado de México tuvo contratos por más de 100 millones de dólares y ahora nuevamente esta empresa junto con la constructora y urbanizadora Ixtapan cuenta con 11 nuevos contratos del Gobierno federal”.

“Es muy lamentable y es preocupante el hecho de que México esté trascendiendo negativamente en todo el mundo, estos casos de corrupción es evidente que dañan la imagen, las instituciones y la credibilidad del Ejecutivo federal y todo su gabinete”, refirió el líder panista.

“No son filtraciones, son investigaciones que han llevado incluso los medios de comunicación, por lo tanto son legítimas”, indicó.

Carlos Navarrete Ruíz, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó que la Presidencia de la República ofrezca una “puntual explicación” acerca de las nuevas revelaciones del diario The Wall Street Journal.

“Sigue la casa dando, o la mata dando. La Presidencia de la República deberá aclarar todos y cada uno de los elementos informativos que están saliendo”, dijo el dirigente.

Alejandro Sánchez Camacho, Diputado federal del PRD, calificó como una “catástrofe” que la autoridad “moral y política de Peña Nieto”, esté involucrado en el escándalo no sólo de la casa de Ixtapan de la Sal, sino de su esposa Angélica Rivera.

“Lo más sano para la sociedad en general, es que el Presidente de la República, a reserva de ver el marco legal, se retire de su cargo para que se aclaren e investiguen, no sólo esta residencia, sino todas sus demás propiedades”, dijo.

“La principal manera en la que este gobierno recuperará su legitimidad es aprobando leyes que permitan prevenir la corrupción y castigar a los corruptos, sobre todo en lo referente al conflicto de interés”, dijo aSinEmbargo Viridiana Ríos, directora del Observatorio México ¿cómo vamos?, integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Jorge González de León, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), opinó que el caso de la propiedad de Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, es “más de lo mismo”.

“Les duele mucho que salga en el Wall Street Journal, pero es más de lo mismo. No se termina de poner en orden en transparencia esto de las casas, quedan dudas, no se entiende el favoritismo sin un conflicto de intereses. Tienen que trasparentar y hacer algo para dejar esto claro, porque es mucho escándalo para un país tan pobre”, indicó.

El activista lamentó que la corrupción en México se alimente de la impunidad en todos los ordenes de gobierno.

“Mientras no se ataque la impunidad y los sistemas de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, no va a pasar nada. Es muy desesperante que salga toda esta información y no pase nada. En México el más corrupto es el poder Judicial, porque está dedicado al negocio de la impunidad, el que paga más lana, más impune”, subrayó.

“Es del dominio público que la mayoría de los diputados y senadores de este país tienen cola que les pisen. Ellos no se van auditar, no se van a echar la soga al cuello, pero quien podría meter orden es el Poder Judicial, pero no lo hace”, agregó.

Otro activista, Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, indicó que el tema de la casa de Enrique Peña Nieto se debe explicar, esclarecer y si hay un caso de corrupción, castigar.

“Vemos una sombra de corrupción, de conflictos de intereses, que poco ayudan a la situación en la que se encuentra el país”, manifestó.

“Al final son temas que hay que explicar y esclarecer, vemos una sombra de corrupción, de conflicto de intereses, que poco ayuda a la situación que se encubierta el país. Vemos estos conflictos donde se favorecen los negocios, el compadrazgo, generando estas situaciones que nos dejan dudas”, dijo.

Para Rodolfo Domínguez, el caso de la propiedad de Peña Nieto debe ser investigada, y no quedar en un escándalo mediático como ocurrió con la “Casa Blanca” de Angélica Rivera.

“Al final nunca pasa nada. En otras países, situaciones como esta costaría la renuncia de los funcionarios. Aquí sólo se queda en la bomba mediática y sirve para distraer de otros temas como Ayotzinapa, la inseguridad, la violencia, que no se esclarecen”, indicó.

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El 1 de septiembre de 2012, en su primer discurso como Presidente electo, Peña Nieto ofreció la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, en la que sus comisionados fueran aprobados por el Senado de la República y tuvieran un canal de comunicación “directo y expedito con la ciudadanía”.

Esa promesa la refrendó en octubre de 2012, durante una gira por España. En esa ocasión destacó que uno de los objetivos de la Comisión sería fincar su gobierno en la transparencia, la responsabilidad y la legalidad para “construir una sociedad cabal, confiada y participativa, y aspirar a un país fuerte, equitativo e incluyente”.

Un mes después, el 15 de noviembre de ese mismo año, los senadores Lizbeth Hernández y Pablo Escudero, de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente, presentaron la iniciativa que contempla la creación de la citada comisión, para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa.

La propuesta de Peña Nieto precisa que la comisión podrá atraer los casos de los estados y municipios; contará con autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios para garantizar su independencia, y que realice su trabajo de forma profesional e imparcial.

También que se establezca claramente en la normativa penal federal los delitos relativos a actos de corrupción, previéndose asimismo la posibilidad del decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de dichos delitos.

No obstante, contempla que “estará impedida para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y fiscal”, además de que se “protegerá la integridad de las personas que denuncian, se promoverán la colaboración y los eventos simulados, y se penalizaran las demandas frívolas”.

La iniciativa, modifica los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción, para su dictaminación. Hasta ahora, más de dos años después, no ha visto la luz, a pesar de que la demanda para la creación de esta comisión crece en la medida que aumentan los casos de corrupción y conflicto de interés en la actual administración.

QUE SE INVESTIGUE, PERO A LOS FILTRADORES

Silvano Aureoles Conejo, Diputado del PRD, pidió que se investigara… pero a quienes filtran información a los medios para “desgastar” al gobierno federal. Foto: Especial.
Silvano Aureoles Conejo, Diputado del PRD, pidió que se investigara… pero a quienes filtran información a los medios para “desgastar” al gobierno federal. Foto: Especial.

Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) busca que el Congreso nombre a un Fiscal especial que investigue las propiedades de Enrique Peña Nieto y su gabinete, Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados y Coordinador del Grupo Parlamentario PRD, exigió aclarar… de dónde ha sido filtrada esta información y saber quiénes “están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno”.

“Se tienen que aclarar, porque finalmente, venga de donde venga la información, si eso tiene elementos… que no se resuelve si decimos que hay alguna fuerza extraña en el exterior queriendo desestabilizar… pero tampoco lo dudaría porque ya es un asunto recurrente de estar filtrando este tipo de información… pero esa información sale de alguna parte de acá del país, aquellos no se la inventan si es que existe, sale de acá”, dijo el líder de los diputados del Sol Azteca.

“Y habría que identificar quiénes están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno, es obvio que hay una intencionalidad de golpeteo al gobierno, de eso no me queda ninguna duda, pero eso es importante que se aclare y que se investigue de dónde salen tantas filtraciones de manera recurrente, eso tiene que ser un foco rojo para el gobierno, para identificar quién está en esa ruta”, comentó.

“Porque yo esperaría que con la aclaración que se haga al respecto, con la información que se dé el tema quede claro. Pero creo que hay que prender el foco rojo, algo está pasando ahí”, agregó.

Ante estas declaraciones, su compañero de bancada, Sánchez Camacho, opinó que el legislador se pone “un saco ajeno”.

“¿Cómo Silvano se pone un saco ajeno? Esto va más allá de dónde sale la información, la prioridad es que se investigue y se aplique la Ley”, 

Tomado de: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1225851