Rosario 1
Hilario Barcelata Chávez
Columna Economía y Sociedad
26 de enero de 2015

Si el gobierno del estado hace un nuevo reparto del FISM-2015, aplicando la fórmula que utilizó para el reparto de 2013, estará cometiendo flagrantemente un acto de ilegalidad, porque esa fórmula fue derogada cuando se reformó la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en diciembre de 2013 y por lo tanto ya es inaplicable legalmente.

De llevarse a cabo esta acción, el gobierno del estado estará cometiendo el mismo acto de ilegalidad que perpetró cuando repartió el FISM-2014, utilizando esa misma fórmula derogada. Por cierto, en ese reparto mintió en la Gaceta oficial del 30 de enero de 2014, porque ahí declaró falsamente que había aplicado la nueva fórmula, lo cual no es cierto según ya reconoció el Ejecutivo en la Gaceta Legislativa No. 67 del 29 de diciembre de 2014.

El Secretario de Gobierno Gerardo Buganza y el titular de Sefiplan Mauricio Audirac, declararon que la Secretaria de SEDESOL Rosario Robles autorizó al gobierno del estado para que siga aplicando la formula derogada. Si esto es cierto, se está cometiendo otra acto de ilegalidad, porque una secretaria de despacho del gobierno federal no puede acordar con un gobierno estatal la aplicación de una ley que no está vigente, no puede autorizar que no se aplique una ley vigente; una ley que pasó todo el proceso de creación de leyes que señala la Constitución; una ley que la única manera en que podría no aplicarse, sería reformándola mediante un proceso legislativo.

Probablemente este nuevo reparto con la fórmula derogada deje conformes a los presidentes de los municipios a los que se les recortaron los recursos y con ello se resuelva la creciente inconformidad, pero es inaceptable que un problema político derivado de la correcta aplicación de la ley (el reparto del FISM-2015 que se hizo conforme a derecho) ahora se intente corregir mediante la aplicación ilegal de un artículo ya derogado de esa misma ley.

Y esto es inaceptable porque vivimos en un estado de derecho en el que todos debemos respetar las leyes vigentes, principalmente los gobiernos. Es inaceptable que la SEDESOL federal haya “autorizado” al gobierno estatal no aplicar la ley vigente. Equivale a decir que el gobierno federal autoriza y aprueba al gobierno estatal a violar la ley. Eso es inadmisible porque el gobierno federal no tiene ninguna facultad para autorizar la inaplicabilidad de una ley, por el contrario es una autoridad cuya función es aplicar la ley y sólo el Poder Legislativo tiene la facultad para cambiar el contenido de las leyes. Ningún otro Poder puede hacerlo.

Cuando un gobierno no respeta las leyes, los ciudadanos quedan en estado de indefensión y sujetos a la arbitraria aplicación del poder público puesto que lo único que protege al ciudadano es que existan leyes y que éstas se cumplan. No importan las razones que lo motiven a actuar de ese modo, no importa si lo hace para el beneficio de unos, porque eso representará el perjuicio de otros y sienta un precedente para la realización posterior de nuevos actos de ilegalidad basados en la misma motivación, dejando sin certeza legal a los ciudadanos.

También es inaceptable que no se aplique la ley vigente porque el Congreso de la Unión diseño y aprobó esa ley con aspectos específicos para mejorar el reparto del FISM. Porque los legisladores pensaron que era una mejor fórmula. Si se equivocaron y la nueva ley no logra mejorar el reparto o perjudica a algunos municipios, eso no le da derecho a ningún gobierno a no aplicar la ley y buscar la versión anterior que más le acomode para evitar conflictos políticos.

También es inadmisible que no se aplique la nueva fórmula porque 109 municipios veracruzanos que resultaron beneficiados con el reparto que se había hecho aplicando la ley vigente, recibirían  en conjunto 996 millones de pesos adicionales a los que recibieron en 2014. Ese fue el beneficio para ellos de la reforma a la LCF. Pero como ahora el gobierno del estado aplicará la formula vieja, entonces ya no tendrán ese incremento que por ley les corresponde.

Si el gobierno federal, estatal o municipal no respeta la ley se convierte en un gobierno autoritario y la ley deja de ser la garantía de los derechos de los ciudadanos quienes quedan expuestos a un trato arbitrario contra el cual no tendrán defensa.

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