El actual gobierno del estado de Veracruz no puede presumir de privilegiar la transparencia y el combate a la corrupción, a lo que se agrega un cierto desapego al estado de derecho, como lo manifiesta el haber reformado la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia para convertirla en Fiscalía General del Estado, y desde ese formato designar a quien está en funciones titular de la nueva Fiscalía, eso sí con carácter de “autónomo”, que permanecerá en ese cargo ocho años, es decir, dos años del actual gobierno más seis años de los gobiernos que le siguen, pero claro, no dependerá ya del titular del Poder Ejecutivo. Si alguna bondad encierra el texto reformado de esta ley, este hecho desvirtúa la intención de darle autonomía a este importante órgano de la procuración de justicia. La Ley fue aprobada por el Congreso local ayer, lo que explica las prisas por concluir el caso de Moisés Sánchez, eh allí la premura.