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MÉXICO, D.F. (apro).- El Senado de la República aprobó por 89 votos a favor y nueve en contra la reforma constitucional en materia de disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, cambios que establecen reglas y “candados” para avalar la contratación de deuda.

En el debate se destacó que esta deuda pública creció de 2008 a 2014 de 203 mil millones de pesos a 510 mil millones, es decir, un incremento de 17.2%.

La minuta, proveniente de la Cámara de Diputados, incorpora cuatro elementos significativos para regular el endeudamiento de estados y municipios: otorga facultades a los Congresos locales para aprobar empréstitos; se establece fiscalización superior y principios de transparencia y rendición de cuentas, así como nuevas disposiciones para la contratación de deuda.

La reforma estableció que se requieren los votos de las dos terceras partes de los Congresos locales para que los gobernadores contraten deuda; además, se precisa un proceso mediante el cual el Ejecutivo federal pueda celebrar empréstitos en favor de las entidades.

Asimismo, se amplían facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las deudas estatales.

El presidente de la comisión dictaminadora, el priista Enrique Burgos, destacó que la reforma crea una comisión bicamaral con facultades para analizar la situación de las entidades federativas y municipios que registren un elevado endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos.

El también priista José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda, apuntó que tras dos años de proceso legislativo esta reforma tiene como objetivo “dar total transparencia” para que el endeudamiento en estados y municipios sirva a la inversión y atención de las demandas sociales.

Al argumentar su voto en contra, el senador del PT, Manuel Bartlett, afirmó que estas reformas no fortalecen a las entidades sino al Ejecutivo federal. Recordó que de los recursos fiscales totales, cerca de 80% se destina a la Federación y sólo 20% a las 32 entidades y municipios.

En tanto, el senador Mario Delgado consideró que se “politizan las finanzas públicas y se anula de facto la autonomía financiera de los estados y municipios”, pues se da un control político “insospechado” a la Secretaría de Hacienda.

A su vez, la senadora del PRD, Dolores Padierna, destacó que el problema de la deuda de entidades no es tanto su monto o la proporción que representa del PIB.

“El problema es el costo que dicha deuda tiene y que merma la ya de por sí débil situación financiera de los estados de nuestro país”, acusó.

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