Por Alfredo Bielba V.
24 de febrero de 2015

El vía crucis por el que transita el actual gobierno de la entidad veracruzana ha sido fielmente documentado por la Auditoría Superior de la Federación a través de la revisión de la Cuenta Pública 2013. El documento revela parcialmente las causas que mantienen en la insolvencia financiera a la administración estatal: un manejo insano del erario, combinado con prácticas de opacidad que inducen a pensar en corruptelas e ineptitud.

El cambio de titular en la Secretaría de Finanzas hasta en cuatro ocasiones (al día de hoy), haciendo un promedio de un relevo por año, nos proporciona idea exacta de la inestabilidad que prevalece en el órgano administrativo encargado del manejo y aplicación del recurso público, de entrada ese detalle constituye un grave signo. La paulatina demostración de la insolvencia financiera se refleja negativamente en la descomposición de las relaciones entre el deudor y sus acreedores, muy ampliamente mostrada en el desencuentro de los empresarios con el titular de Finanzas, a quienes incluso se les confiere un trato irrespetuoso, y ya no hay inhibición que valga para reconocer “debo no niego, pago no tengo”.

Las obras inéditas, virtualmente acompañadas con las obras inconclusas, son otra preclara manifestación de cuanto está ocurriendo en el ramo financiero de esta agobiada administración estatal. Gradualmente se van sumando en el concepto de deuda circulante algunos sectores de la empleomanía estatal, es decir, en sus procesiones para cobrar, los empresarios y proveedores de servicios al gobierno ya no están solos, pues conforme el tiempo pasa se van incorporando empleados del gobierno estatal a los que no se les paga puntualmente.

En este difícil contexto cayeron con el impacto de un meteorito las declaraciones del titular de la Auditoría Superior de la Federación, Manuel Portal Martínez, quien señala que “Veracruz es el tercer estado con peor desempeño en el manejo de recursos federales, con una calificación de 49.8, junto a estados como Michoacán y Jalisco”. Tal es una afirmación de insospechada objetividad, pues proviene de quien titula una de las instituciones erigidas para transparentar el ejercicio del dinero público por parte de los entes fiscalizables.

De apolítica y no de otra manera pudiera calificarse lo afirmado por Portal Martínez respecto de Veracruz, pues se deriva del resultado de 44 auditorías que concluyeron en 183 observaciones identificando un manejo “irregular” de por lo menos 9 mil 245 millones de pesos, de los cuales 2 mil 31 millones ya fueron reintegrados a la federación. Ahora el gobierno de Veracruz cuenta con 30 días para comprobar cómo usó los 7 mil 214 millones restantes, en caso contrario tendrá que devolverlos o habrá denuncia por daño patrimonial, según la ASF.

El desglose de las observaciones de la ASF revela un manejo irregular del recurso público en los sectores educación, Seguridad Pública, Salud, entre otras dependencias. Incluye una deuda de la Secretaría de Finanzas con la Universidad Veracruzana a la que no remitió 122 millones de pesos correspondientes a 2013 para la ampliación de la oferta educativa y mejoramiento académico. ¿Cuántos estudiantes más hubieran encontrado la oportunidad de ingresar a la UV si ese recurso se hubiera remitido “en tiempo y forma”? (fueron 169 millones de pesos que la Secretaría de Educación situó para la UV para cinco fondos y programas de la UV, pero finanzas sólo entregó 69 millones 958 mil pesos, dejando un pendiente de 122 millones). ¿Esto sólo configura una irregularidad administrativa?

Los tiempos que corren señalan que estamos inmersos en una auténtica transición que en trance traumático abandona lo viejo y lo caduco para ingresar a una nueva etapa, nada fácil pues significa pasar del autoritarismo feroz, de la corrupción voraz, de la irritable impunidad a nuevos estadios en el ámbito de la administración pública, en los que quienes ejercen el poder deben someter sus actos al más estricto cumplimiento de la ley, aceptar que ésta mandata auditar sus acciones, controlar sus actos y que, en última instancia es posible acudir a la revocación del mandato.

En el contexto social se acentúa la inconformidad, se incrementa el hartazgo y cunde la desesperanza; un entorno muy difícil para la administración duartista, que produce la impresión de caminar sobre arena movediza, pues mientras más se agita la insolvencia y no se conoce el fondo de la deuda pública, el movimiento de acreedores empuja el barco hacia abajo. Más aún, porque a la inconformidad de proveedores comienza a sumarse la de la tripulación, una peligrosa combinación de circunstancias muy virulenta porque evoca manifestaciones caceroleras. Señal que no vamos bien y…

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