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Decapitado, torturado y con las manos cortadas. El asesinato del dirigente del Frente Popular Revolucionario Alejandro Gustavo Salgado Delgado fue una señal. Quién la emitió es aún un misterio; a quién iba dirigida no. Salgado, de 32 años, trabajaba por mejorar las condiciones de los jornaleros de la montaña de Guerrero, una de las zonas de mayor cultivo de opio del planeta. Su cuerpo desmembrado fue descubierto en el paraje de Las Huilotas, un enclave mísero y rural del municipio de Ciudad Ayala (Morelos). El líder del FPR, un movimiento de origen guerrillero e ideología leninista, se había destacado durante los últimos meses como un promotor de las movilizaciones por la desaparición y muerte de los 43 normalistas. Antes de morir, estaba ayudando a los jornaleros de Guerrero afectados por los huracanes Ingrid y Manuel que se habían desplazado a Morelos en busca de un futuro mejor en las plantaciones de caña de azúcar. El Frente Popular Revolucionario señaló el día de su desaparición que el trabajo social de Salgado incomodaba a los caciques locales. Al conocer su asesinato, la organización responsabilizó directamente al Estado de Morelos y a su gobernador. 

Cuatro hombres, pertenecientes a un grupo denominado Los Victorinos fueron detenidos como sospechosos del crimen. La fiscalía se apresuró a rechazar cualquier sesgo político en el asesinato y apuntó como posible móvil una disputa por tierras. Anoche, ninguno de los arrestados había sido acusado formalmente de la muerte del activista.

La última vez que se vio con vida al activista fue en la tarde del martes, a la salida de una asamblea con jornaleros en la comunidad de El Chivatero. Acabada la reunión, se dirigió a tomar un autobús para ir a otra comunidad. Ahí se le perdió el rastro. El miércoles, a las 17.30, su cadáver fue descubierto en la carretera Moyotepec-La Piedra, en el municipio de Ayala. Horas después, sus compañeros le reconocieron. 

La muerte del dirigente puede azuzar un conflicto latente en el sur de México, una zona estragada por la pobreza y el narco, y donde se mantienen con vida una miríada de grupos guerrilleros y sus correspondientes escisiones, todos ellos de retórica revolucionaria. Aunque su actividad es mínima, la posibilidad de que, después de la tragedia de Iguala, se detoné un estallido social es vista con preocupación desde las instancias del poder central mexicano.

“Que quede claro: la salida que nosotros proponemos es de revolución, arrancar de tajo a este sistema político, económico y social putrefacto en el cual no tendrán lugar estos explotadores ni sus personeros. Por cada muerto, desaparecido, torturado, encarcelado, perseguido el pueblo ajustará cuentas”, señaló en un comunicado el FPR.