Por Tomás R. Domínguez Sánchez
18 de febrero de 2015

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto, anunció hace algunos meses, el inicio de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que tendrá una inversión de ciento setenta mil millones de pesos y sustituirá a la actual terminal aérea que, de acuerdo con los expertos de la materia, se encuentra obsoleta y rebasada en cuanto a su capacidad y número de operaciones al año. El proyecto corre a cargo del arquitecto británico Norman Foster, que ha sido galardonado mundialmente y reconocido con varios premios de los que destaca el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009, y por el arquitecto mexicano Fernando Romero, creador del museo Soumaya de la Ciudad de México obra que le mereció reconocimiento internacional, que por cierto es yerno del multimillonario Carlos Slim.

El proyecto ha sido ya catalogado como la magna obra del actual sexenio por las especificaciones técnicas y de alto impacto que lo enmarcan, de las cuales destacan la sustentabilidad porque tendrá la capacidad de utilizar la luz natural para iluminación y el aire para ventilar el aeropuerto reduciendo de manera considerable el uso de energía eléctrica, por otro lado, utilizará el setenta por ciento de sus aguas residuales a través de sus plantas de tratamiento, contará con seis pistas de despegue y aterrizaje, capacidad para atender un millón de operaciones al año, dando como resultado la movilidad de ciento veinte millones de pasajeros anuales; también ha sido señalado que será el despegue económico que necesita la zona de Texcoco, en donde se construirá el Aeropuerto.

El gobierno federal dispuso de una superficie de aproximadamente 4,430 hectáreas que albergarán los 550,000 metros cuadrados de construcción final del proyecto divido en dos etapas, destacando que la primera se terminará en cinco años contando con tres pistas, una destinada para tráfico no comercial y dos restantes para tráfico comercial de largo alcance, una terminal y una torre de control.

 

La secrecía del proyecto

Sin embargo, el proyecto del AICM se realizó con un nivel de secrecía jamás visto desde que se tomó la decisión de construirlo hasta el anuncio oficial, porque en ningún momento se tocó el tema de su existencia, no se dieron a conocer los despachos de arquitectos que competían para obtener la anuencia presidencial y ganar el proyecto, mucho menos se supo del jurado que se integró para la aprobación del proyecto, tampoco los criterios técnicos para la designación de los constructores, lo que se traduce en una grave falta de transparencia por parte del Gobierno Federal provocando una violación a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, casualmente decretada en el sexenio de Vicente Fox tiempo después de los acontecimientos en Atenco, que obliga a que los servidores públicos otorguen a la ciudadanía toda la información correspondiente a la actividad gubernamental.

Por otra parte cabe mencionar que el actual proyecto nació, sin lugar a dudas, desde el año 2001 cuando por decreto presidencial, Vicente Fox trató de expropiar las tierras ejidales de los pobladores de San Salvador Atenco pretendiendo indemnizarlos con el pago entre .80 centavos y 1.50 pesos por metro cuadrado burlándose de los campesinos trabajadores de las tierras, la acción presidencial detonó el descontento de los habitantes que no dudaron en armarse para defenderse de un abuso de autoridad y evitar que sus tierras les fueran arrebatadas despojándolos de su patrimonio para, en aquel entonces, poder ampliar la terminal aérea que opera actualmente en la Ciudad de México.

Sobre la legalidad del AICM

Los acontecimientos en Atenco marcaron la historia porque es el antecedente de la violación más grave a los derechos humanos de los campesinos que se ha visto, que no sólo se dieron en aquel escenario sino que desde entonces el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua la CONAGUA, se ha dedicado a expropiar de manera discrecional las tierras ejidales de los campesinos pagando por concepto de indemnización por expropiación la cantidad de 200 pesos por metro cuadrado a cada ejidatario, de modo que el terreno donde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actualmente se encuentra constituido como zona federal y esto permite que el Gobierno utilice a su antojo el terreno.

La figura de la expropiación está contemplada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta al gobierno para que por concepto de “utilidad pública” pueda quitarte tu propiedad en el momento que sea y sólo pague una indemnización que siempre resulta un abuso por parte de la autoridad; es este mismo artículo que crea la figura jurídica de la propiedad privada, y digo figura porque es sólo eso ya que también nos dice que la tierra y las aguas comprendidas dentro de los límites del país son propiedad de la Nación y que ésta ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares para constituir la propiedad privada y que la Nación puede aplicar las modalidades que el interés público dicte, es aquí donde encontramos la expropiación.

El único requisito formal que debe cumplir el Gobierno para poder expropiar una propiedad es justificar la “utilidad pública” y que el terreno que se posee es fundamental para el desarrollo de la economía, el problema se da porque quien determina la “utilidad pública” es el mismo gobierno que por supuesto lo que siempre busca es pagar por debajo del precio justo, es por ello y por el violento manejo de la situación por parte de la administración pública que los campesinos de Atenco optaron por protestar en armas.

La historia es la que siempre ha juzgado y marcado todas las obras y acciones de los gobernantes y es ella la que se encarga de poner a cada quien donde debe estar, sin duda la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México representa la culminación de un berrinche presidencial en contra de la clase más desprotegida, los campesinos, y digo berrinche porque todo surgió cuando unos pobladores comunes no aceptaron ser violentados y despojados de su único patrimonio: la tierra. El empuje que se le debe dar al país es inmenso, esta obra es sólo un diminuto grano de arena del desierto que se necesita para el desarrollo de México, pero lo que se debe privilegiar es el estado de derecho y no utilizar el pretexto del desarrollo para despojar y violentar los derechos de nuestros compatriotas.