Hilario Barcelata Chávez
03 de febrero de 2015

El Congreso de la Unión reformó la Constitución Federal para que estados y municipios puedan contratar deuda pública que les permita obtener recursos para liquidar su deuda ya existente. Hasta antes de esta reforma eso era imposible, porque sólo podían contraerse obligaciones financieras para la realización de inversión pública. Esta restricción tenía como propósito garantizar que el endeudamiento generara un impacto positivo en el desarrollo económico, puesto que la creación de obras públicas fomenta el crecimiento económico y posibilita el mejoramiento del bienestar social.

barceleta

La abrumadora carga financiera que representa la deuda pública para estados y municipios, ha puesto a muchos de ellos al borde del incumplimiento parcial de pagos, es decir, a un paso de la quiebra técnica y suspensión total de pagos. Ante esta circunstancia, los legisladores federales decidieron facilitar el camino a gobernadores y presidentes municipales para que puedan resolver el problema de sus elevados pasivos por la vía más fácil, comprometedora e irresponsable: la “reestructura de deuda” que no es otra cosa que contratar deuda nueva para pagar deuda vieja, lo cual es un mecanismo por al cual se recurre cuando los ingresos ordinarios no son suficientes para pagar la deuda. Desafortunadamente esta solución constituye un problema mayor, porque ante la enorme necesidad de recursos para el pago de esos compromisos, sobrevendrá una avalancha de nuevos créditos, propiciando el incremento de las deudas públicas y transfiriéndole el costo financiero de la solución del problema a la sociedad, que es quien, con sus impuestos pagará esas nuevas cuentas por pagar.

En el corto plazo los gobiernos resolverán sus problemas financieros, porque tendrán recursos nuevos para pagar la deuda vieja. En el largo plazo el problema persistirá, porque esa deuda nueva habrá que pagarla y será de la misma magnitud de la deuda que se pagó (la deuda vieja). Eso por supuesto ya no será preocupación de los gobiernos que la contrataron, puesto que cuando haya que afrontar el cumplimiento de esas nuevas obligaciones financieras, ya no será responsabilidad de ellos hacerlo: otros vendrán a pagar y será a costa del incremento de impuestos o utilizando recursos presupuestales de otros programas gubernamentales, anulando el potencial que tiene el gasto público para fomentar el desarrollo económico.  

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